El Gobierno promete a Bruselas revisar 57.200 millones en subvenciones para evitar recortes

España cerró 2018 con un desequilibrio presupuestario del 2,48% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) –según los datos oficiales de Eurostat–, lo que supone salir de la vigilancia férrea del procedimiento europeo por déficit excesivo en el que estaba desde 2009. Sin embargo, supera en casi tres décimas el objetivo comprometido hace un año, con un desfase prácticamente de 30.000 millones entre ingresos y gastos.

Eso, unido a que el Gobierno sitúa ahora en el 2% su previsión de déficit para 2019 –frente al 1,8% que contemplaba en su fallido proyecto presupuestario de enero–, ha despertado el recelo de las autoridades comunitarias. De hecho, en sus últimas previsiones desde Bruselas estiman que esos números rojos no bajarán al final de este ejercicio del 2,3%.

En esta tesitura, y ante el riesgo de que la Comisión Europea pudiera tratar de presionar a Moncloa para acometer nuevos recortes, el Ministerio de Economía ha aprovechado la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 para hacer valer una «revisión integral» del gasto público «que afecta al conjunto de las Administraciones». Su «finalidad», afirma, es «detectar posibles ineficiencias y solapamientos», aunque sin llegar a comprometerse a alcanzar ahorros concretos y con octubre de 2020 para la finalización del plan.

Tampoco cifra las sinergias positivas de la revisión similar que se hizo en 2018 de otras partidas del gasto público. Y es que es la segunda ocasión en que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debe acometer un proceso así. La primera fue ordenada en el verano de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, respondiendo a su vez al compromiso de 'Spending Review' recogido en el plan presupuestario enviado a Bruselas en diciembre de 2016, una estrategia ya seguida por otros Estados miembros de la UE.

En aquella primera fase el plan de acción se concretó en siete proyectos. El primero abarcaba todo el gasto en subvenciones de forma general y la AIReF concluyó, entre otras cosas, que había que «restringir su uso» en los casos de concesiones directas. El segundo trataba de los medicamentos con receta –se aconsejaba generalizar una subasta a nivel nacional para que el sector público se beneficiara también de los descuentos de las farmacias–, y el tercero versaba sobre políticas activas de empleo, a fin de vincular el reparto de estos fondos «en parte con la eficacia de las políticas» y, a su vez, hacer depender más la oferta de la demanda.

Las becas de educación universitaria, la promoción, talento y empleabilidad en I+D+i, junto al fortalecimiento de la competitividad empresarial –se insistía en «apoyar la inversión productiva» y «reducir la morosidad»–, también fueron objeto de la revisión de gasto público realizada en 2018. El último proyecto fue sobre Correos y se concluyó que ésta debía «mejorar su eficiencia».

En 2019, ya con los nuevos planes de la Autoridad Fiscal avalados por el Ejecutivo, la partida estrella bajo la lupa de los técnicos serán los beneficios fiscales, una serie de descuentos en el cobro de impuestos que terminan minorando la recaudación. En concreto, un listado de 13 que suman 57.187 millones de euros. Casi la mitad de ellos (25.600 millones) se van en los diferentes tipos reducidos del IVA, otros 9.010 millones en exenciones del mismo tributo en sanidad y educación, y 7.040 millones por la misma razón aunque en servicios financieros.

Las deducciones sociales del impuesto de la renta (maternidad, familia numerosa, discapacidad...) representan otros 4.800 millones, frente a los 2.575 millones en reducciones por rendimiento del trabajo. Y en vivienda, otros 1.080 millones referidos a reducciones por alquiler.

También se revisará el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, en farmacia (6.200 millones en 2016, el 15% del total) e inversiones en bienes de equipo (879 millones). E igual pasará con los incentivos a la contratación (2.600 millones este año, prorrogados en 2019), sobre todo en menores de 30 años y mayores de 45, tarifa plana de autónomos y transformación de temporales en indefinidos. No obstante, aquí sí se estima de forma «prudente» un ahorro de 500 millones anuales desde 2022.

La última partida a estudiar es la política de infraestructuras de transporte (5.657 millones en 2018) y las subvenciones al mismo (2.149 millones). El Gobierno concluye ante Bruselas que con todas esas revisiones espera «liberar recursos para destinarlos a las actuaciones prioritarias».