El Gobierno medirá mañana en el Congreso el apoyo con que cuenta para sus Presupuestos

El esfuerzo de este descenso estaría localizado especialmente en la Administración central del Estado, que deberá reducir su desequilibrio presupuestario desde el 0,5% hasta el 0,1% en estos cuatro ejercicios, mientras que en el caso de las autonomías se espera un ajuste desde un déficit del 0,2% hasta la estabilidad fiscal, situación en la que ya se encuentran y se espera que sigan las corporaciones locales. La Seguridad Social, por tanto, será la principal responsable del déficit de las Administraciones Públicas al final del periodo, dado que se prevé que su déficit apenas caiga desde el 1,1% de 2020 hasta el 0,8% de 2023.

También en el periodo 2018-2020, el ajuste previsto será mayor para la Administración central (del 1,32% al 0,5% de déficit) que para las comunidades autónomas (de 0,28% al 0,2%).

Junto a esta senda de estabilidad presupuestaria, la Cámara también votará el límite de gasto no financiero, o techo de gasto, que el Gobierno, en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 11 de febrero, situó en los 127.609 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a la cifra de 2019, teniendo en cuenta que durante ese año estuvieron vigentes los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, que fueron prorrogados.

El techo de gasto propuesto por el Gobierno socialista para los Presupuestos del año pasado y que el Congreso tumbó ascendía a los 125.064 millones de euros.

El Gobierno confía en poder sacar adelante el 'techo de gasto' junto a la nueva senda de estabilidad presupuestaria con, al menos, los votos de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Aunque la votación de mañana tiene lugar 24 horas después de la primera reunión bipartita entre el Estado y Cataluña, cuyo resultado puede tener repercusiones en los votos de ciertos grupos en la Carrera de San Jerónimo.

Si mañana la senda de estabilidad supera el trámite en el Congreso, se habrá dado un paso imprescindible para que los Presupuestos se aprueben, como quiere el Gobierno, antes de que acabe el verano. Aunque, para su presentación en la Cámara, el Ejecutivo quiere contar con los apoyos de forma previa, así que el texto se espera que esté negociado para su aprobación antes de que llegue al Congreso de los Diputados en algún momento de la próxima primavera.

En paralelo, el Congreso tramita la proposición de ley del PSOE para eliminar la capacidad de veto del Senado al techo de gasto y la senda de estabilidad. El grupo parlamentario socialista busca que estas cuestiones se traten igual que cualquier ley y que si la Cámara Alta deniega su apoyo a los objetivos de déficit y al límite de gasto, el proyecto se devuelva a la Cámara Baja y no decaiga. De prosperar la iniciativa de los socialistas, la senda de estabilidad del Gobierno podría salir adelante incluso si el Senado se opone, siempre que el Congreso dé su parabién.

La segunda gran cita presupuestaria de mañana es que es el último día para que todos los ministerios remitan a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sus propuestas de normas de contenido presupuestario que quieran incluir las cuentas públicas. Así lo dispuso la orden del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de enero.

Según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión parlamentaria del ramo la pasada semana, por primera vez las cuentas públicas de este año incorporarán tres ejes transversales: desarrollo sostenible, impacto e género y políticas de infancia, juventud y familia.

En la orden ministerial publicada en el BOE también se recogían los criterios generales de presupuestación que deberán seguir los ministerios: alcanzar un sistema de justicia social que luche contra la desigualdad con mecanismos de redistribución de la riqueza y que garantice el acceso a una vivienda digna; la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través del acuerdo político y el diálogo social y la apuesta por la creación de empleo digno, estable y de calidad; la consecución de un modelo de crecimiento económico competitivo, sostenible e inclusivo sustentado en la revolución tecnológica y digital y en la transición ecológica justa; el impulso de una educación con vocación de excelencia; y el desarrollo y la aplicación de una política tributaria justa y progresiva. Respecto a esta cuestión, es muy probable que los Presupuestos incluyan una subida de dos puntos en el IRPF para rentas por encima de los 130.000 euros y de cuatro para ingresos por encima de los 300.000.