El Gobierno aprobará la 'tasa Google' aunque no haya acuerdo a nivel internacional

Calviño considera «fundamental» desarrollar un marco internacional para la fiscalidad de la economía digital, pero, si finalmente no fuera posible llegar a un acuerdo en el G-20 y la OCDE –­algo para lo que España está trabajando «muy directamente»–­, «habrá que hacerlo a nivel europeo; y si no, habrá que hacerlo a nivel nacional», explicó.

«No podemos renunciar a tener una estructura justa de imposición digital porque las empresas de la economía tradicional o física con las que compiten sí están pagando impuestos allí donde se realiza la prestación del servicio», defendió la titular de Economía, que además argumentó que «se trata de una adaptación que, creo, cuenta con un apoyo muy amplio de toda la sociedad».

Calviño hizo hincapié en que el problema es que estas empresas no pagan impuestos donde se genera el valor añadido, en clara alusión a aquellas sociedades que tributan en países más favorables como Irlanda o Luxemburgo pero que desarrollan su actividad en multitud de países. «En definitiva, el valor añadido de estas plataformas lo proporcionan los datos y, sin embargo, los impuestos no se pagan allí donde se está generando ese valor añadido», apuntó.

El Gobierno ya anunció la creación de una tasa a la economía digital que pretendía comenzar a aplicarse ya en 2019 y que generaría unos ingresos de unos 1.200 euros al año, según las estimaciones del Ejecutivo, aunque la AIref rebajó esta cantidad a una horquilla de entre 546 y 968 millones. «Lamentablemente decayó cuando, debido al bloqueo de los Presupuestos Generales de Estado, terminó la legislatura de forma anticipada», según recordó la ministra, que quiso dejar claro que, lejos de «renunciar», «tenemos la intención de volver a poner sobre la mesa una propuesta de creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales».

El plan de Hacienda era gravar con un 3% los servicios de publicidad 'online' y la venta de datos, el mismo tipo impuesto por el Gobierno galo. Las compañías afectadas eran aquellas que facturaran 750 millones de a nivel global y, al menos, tres millones en territorio nacional.