Al año se pierden 91.600 millones por el fraude fiscal

Por ello, la asociación plantea elevar el plazo de prescripción de estos delitos, que actualmente es de cuatro años, hasta los cinco años con carácter general y los diez en caso de delitos agravados contra la Hacienda pública, para que la administración tributaria pueda investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía. También proponen extender a todos los casos la rebaja de los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros que la ley de lucha contra el fraude regula para los abonos entre profesionales y empresarios para incentivar que se declaren los pagos que los consumidores finales realizan a las pymes.

De esta forma, los técnicos de Hacienda podrían centrarse en la investigación de los fraudes más sofisticados de las multinacionales y grandes fortunas. Gestha pide también que el Gobierno presente una modificación del Código Penal para unificar los umbrales de los delitos contra la Hacienda Pública al de los otros delitos fiscales contra la Seguridad Social o contra los presupuestos generales de la Unión Europea, situándolos en fraudes superiores a 50.000 euros, o 120.000 euros en los delitos agravados.

También demanda sustituir por atenuantes las actuales rebajas de grado por el reconocimiento del delito contra la Hacienda Pública y concretar los requisitos para exigir la responsabilidad civil y penal de profesionales de la asesoría fiscal y legal y de las entidades financieras que colaboren en estos delitos fiscales.

Por todo ello pide «ambición» a la Agencia Tributaria y un aumento de plantilla de entre 15.000 y 17.500 efectivos y encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España.

Gestha recuerda que cada año se evaden en España unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea. Y es que la economía opaca en España es un 65% mayor que la media de los países del entorno. Nuestro país ocupa el puesto número 10 en el ranking de economía sumergida de los países de la UE y el 6 de los de la zona euro.