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Doce de los 31 ayuntamientos de los que son titulares los alcaldes que este martes se reunieron para proponer a Hacienda que el fondo de 5.000 millones de euros se reparta entre todos los municipios con el poblacional como único criterio se encuentran entre ... los que mayores remanentes tienen acumulados o, al menos, entre los que mayores recursos podrían poner a disposición del Estado.
Eso significa que esa docena de municipios también se cuenta entre los potencialmente más beneficiados por la fórmula propuesta por Hacienda que ofrece los 5.000 millones de euros, no a todos, sino sólo a los ayuntamientos que voluntariamente pongan a disposición del Estado sus excedentes. Así se desprende de un informe elaborado por los técnicos de Hacienda (Gestha) al que ha tenido acceso este periódico.
En cabeza en ese ránking se encuentra Madrid que, de acuerdo con los cálculos de Gestha, cuenta con un remanente máximo que podría prestar que asciende a 1.069 millones de euros. Y le sigue Barcelona, con algo más de 213 millones de euros. Ourense se coloca a continuación, con más de 110 millones de euros. En la lista, con cifras inferiores siguen Málaga (casi 90 millones de euros), Badalona (82 millones) o Santander (algo más de 81 millones). Completan la lista Pozuelo de Alarcón, Badajoz, Oviedo, Marbella y Valencia.
Los remanentes de esas doce ciudades suman casi 2.000 millones de euros.
Capitales de provincia que no se han sumado a la iniciativa promovida por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y que cuentan con elevados remanentes son, por ejemplo, San Sebastián (139 millones) o Vigo (casi 100 millones de euros).
Los expertos de Gestha también han calculado los recursos que corresponderían a cada municipio de los 5.000 millones de euros que Hacienda ofrece repartir a cambio de esos remanentes si sus titulares los transfirieran. Los más beneficiados de todos serían Madrid y Barcelona, con 335 y 67 millones de euros, respectivamente. A Ourense irían cerca de 35 millones de euros, a Málaga, cerca de 30 de millones, y a Badalona, Santander y Pozuelo, alrededor de 25 millones de euros.
También se da la circunstancia de que de los 31 alcaldes que se reunieron este martes por vía telemática para diseñar una alternativa, prácticamente la mitad, 15, lo son de municipos que se cuentan entre los 35 más poblados y, por tanto, se encontrarían entre los más favorecidos por el fondo que proponen que contemple como criterio la población para su reparto, y no la existencia de ahorros acumulados de otros años y que esos remanentes se cedan al Estado. De hecho, de las doce ciudades con más habitantes de España, ocho están regidas por los alcaldes que se oponen frontalmente al plan de Hacienda y que proponen el reparto por población: Madrid, Barcelona, Málaga, Badalona, Alicante, Oviedo, Valencia y Almería.
Sin embargo, de esos 31 municipios «rebeldes», únicamente tres se sitúan entre los que registran los mayores remanentes negativos. El que se encuentra en peor situación es Granada, con un déficit de recursos que supera los 71 millones de euros, mientras que Lleida cuenta con un remanente negativo de 6,25 millones y en Cádiz la cifra roza los 4,5 millones de euros.
El ministerio de Hacienda pactó con la Federación Española de Municipios y Provincias un arreglo para que los ayuntamientos pudieran usar sus remanentes sin incurrir en déficit, algo que tienen prohibido por ley: el traslado de esos excedentes al Estado a cambio de los cuales la Administración Central repartiría un fondo de hasta 5.000 millones. La FEMP lo aprobó sólo con los votos del PSOE y el de calidad con el que cuenta su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, también socialista. El representante de Unidas Podemos se abstuvo y el resto de fuerzas votó en contra. Uno de los motivos de discrepancia era que los municipios sin remanentes no podrían acceder a ese fondo.
Todas las fuerzas políticas, salvo el PSOE se manifestaron en contra. Los 31 municipios están regidos por 13 fuerzas políticas diferentes. Entre los motivos que también alegan contra la fórmula de Hacienda es que el Estado central quiere «confiscar» los recursos municipales o que se somete a los ayuntamientos a un chantaje para poder acceder al fondo de 5.000 millones que incluye un decreto que se votará en el Congreso de los Diputados este mismo mes y que todo apunta que se no convalidará.
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