El déficit público se disparó al 10,9% el año de la pandemia

Así lo ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los datos de Ejecución Presupuestaria que se remitirán a la Comisión Europea y que, pese a su dureza, han mejorado las previsiones iniciales del Ejecutivo y otros organismos internacionales. En concreto, el déficit de 2020 se sitúa por debajo del 11,3% estimado por el Gobierno, del 12,2% que esperaba la Comisión y del 11,7% que había anticipado el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En total, el 'desfase' en las cuentas del Estado se incrementó en 77.577 millones de euros sin contar con la ayuda financiera (que sumaría otros 10.000 millones), tras la suspensión por parte de Bruselas de las reglas fiscales en la región, que permitieron a España, entre otras cosas, disparar el gasto en 53.070 millones de euros para luchar contra el impacto de la crisis del coronavirus.

«Nunca antes se había realizado un esfuerzo de tal envergadura», ha explicado Montero durante su comparecencia, de los que el 90% se destinaron a paliar los efectos de la pandemia. «Nueve de cada 10 euros del incremento del gasto público fue para financiar ERTE, prestaciones por cese de actividad de autónomos, incapacidad por Covid o refuerzos sanitarios o educativos... nunca se había fijado una red de seguridad así para familias y trabajadores», ha insistido la ministra.

Montero ha dejado claro que esta desviación y la mayor flexibilidad de Bruselas por la pandemia no implica que el Gobierno vaya a renunciar a la estabilidad presupuestaria. «Los PGE se han planteado con la idea de rebajar el déficit este año», ha indicado Montero, recordando que confían en que la parte que la Sareb ha sumado al déficit, estimada en unos 10.000 millones de euros, empiece a tener en unos años un impacto positivo, si se van vendiendo los activos o se logran revalorizaciones de los mismos.

A la vez que el gasto se disparó el pasado año para hacer frente a la crisis, la caída de los ingresos ha sido bastante contenida. En concreto, los recursos totales del sector público disminuyeron en 24.487 millones de euros (-5%). La cifra es mucho mejor de lo esperado gracias a las medidas adoptadas para proteger las rentas de los trabajadores.

Según ha explicado Montero, los ingresos tributarios del Estado cayeron un 8,8%, por debajo de la caída del 9,9% del PIB nominal. Donde más se notó el retroceso fue sobre el impuesto de sociedades, cuya recaudación se situó en los 15.858 millones de euros, un 33,2% menos que en 2019. La caída no solo se explica por el bajón de beneficios de las empresas el pasado año, sino también por las devoluciones fiscales por la liquidación de los pagos a cuenta de 2018 y la sentencia del Tribunal Constitucional que devolvió el tipo mínimo en los pagos fraccionados, tal y como ha explicado Montero ante los medios. «Si solo tuviéramos en cuenta la caída de beneficios empresariales, el descenso en la recaudación por este impuesto sería del 23%», explica.

Otras figuras como el IVA también experimentaron un recorte del 11,5% en la recaudación, en 63.337 millones, frente a los 71.500 del año 2019. Un descenso que viene explicado por la caída del consumo y el gasto en las familias, que también explica el descenso del 12,1% experimentado por la recaudación de los impuestos especiales.

Como nota positiva destaca la resistencia de la recaudación por IRPF, que incluso subió un 1,2% siendo el único impuesto con comportamiento positivo. Según detallan desde Hacienda, este aumento se debe fundamentalmente a la subida del salario de los funcionarios y de las pensiones.

El déficit de las Comunidades Autónomas se limitó al 0,2%, gracias a la financiación de 115.575 millones de euros que recibieron en transferencias del Estado, lo que permitió elevar el gasto y rebajar el déficit al mismo tiempo. «Sin medidas como el Fondo Covid o el aumento de las entregas a cuenta, los ingresos autonómicos habrían caído un 4,6%», ha explicado Montero en su intervención.

De hecho, nueve comunidades autónomas despidieron el año con superávit (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León).

Por su parte, los ayuntamientos, como viene siendo habitual en los últimos años, han demostrado una mayor capacidad de control fiscal cerrando otro ejercicio con un superávit del 0,26% del PIB, sumando otros 2.870 millones de euros a sus remanentes. Es el noveno año consecutivo con cifras en positivo, desde el déficit del -0,79% registrado en 2011.

Otra de las grandes huellas que la crisis ha dejado en la evolución del gasto y de los ingresos del Estado se ha dado sobre la Seguridad Social, que terminó 2020 con un déficit del 2,65% del PIB. El dato en bruto se acerca ya a los 30.000 millones de euros, y eso que el Estado inyectó 20.000 millones de euros adicionales. Sin ese 'rescate', el déficit habría superado el 4,5% del PIB, según ha explicado Montero durante la presentación.