CSIF demanda aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria

La medida más relevante para lograr ese objetivo pasa por un refuerzo de las plantillas en 5.000 trabajadores en un plazo de entre tres y cuatro años y, de este modo, el número de empleados alcance los 30.000, cifra que compararía bien con la media de las cinco mayores economías de la Unión Europea. A día de hoy, según los cálculos de CSIF, en la Agencia Tributaria trabajan 25.000 personas, 14.000 menos de los que corresponderían a España si tuviera los ratios por habitante de la media de la Unión Europea.

Si en España por cada funcionario hay 136,8 contribuyentes de IVA, en Europa, de media, a cada empleado de Hacienda le corresponden 87,3. La referencia de CSIF está en la media de los cinco mayores países europeos, donde por cada funcionario hay 113,3 contribuyentes. Alcanzar esta última ratio supondría la incorporación de 5.000 trabajadores a la Agencia Tributaria.

En los últimos años, argumentan desde CSIF, la plantilla de la Agencia Tributaria se ha recortado en unos 3.000 empleados, al tiempo que se ha incrementado la media de edad en ese mismo periodo en más de cinco años, hasta una media de 52,16 años, «dato para tener en cuenta ya que una mayor media de edad lleva implícita una mayor dificultad en la adaptación de los nuevos métodos tecnológicos a utilizar en labores administrativas», argumenta el sindicato en la presentación de su plan.

Además, advierte de que a la vista de la actual situación de crisis sanitaria y económica derivada de la Covid-19 «no se debe repetir de ninguna de las maneras lo sucedido en la crisis económica del 2008, en la que la oferta pública de empleo se redujo de forma drástica durante el periodo 2010-2014».

Los 3.000 millones de euros que aflorarían de fraude fiscal con la ampliación de plantilla en 5.000 personas surge de una extrapolación a partir de cifras del año 2008, cuando cada empleado de la AEAT fue capaz de obtener 607.187 euros en la lucha contra el fraude.

En particular, CSIF propone que, con un incremento del número de empleados, se puedan controlar las actividades sujetas a la estimación objetiva en el IRPF, es decir, las sujetas a la tributación por el sistema de módulos. Y que también se puedan vigilar los grandes entramados de fraude, formados por «grandes empresas, globalizadas, interrelacionadas», y que tienen «capacidad suficiente para realizar estrategias de fraude fiscal». «Se necesita tiempo, herramientas y personal para una lucha eficaz. ¿Tenemos suficiente personal para luchar de forma eficaz en este sector? La respuesta claramente es no», aseguran desde CSIF.

Aunque los 3.000 millones de euros que se pretende aflorar en fraude fiscal con este aumento de la plantilla sería una cantidad muy reducida en comparación con los 70.000 milones de euros en que se llega a estimar el fraude fiscal en España: la economía sumergida se calcula en el entorno del 24% del PIB.

De todas maneras, el sindicato se queja de que la Agencia Tributaria no dispone de un estudio oficial que cifre el porcentaje que supone la economía sumergida. Aunque la AEAT sí recoge en su plan estratégico 2020-2023 los atos de un estudio elaborado por Medina y Schneider que para España sitúa en el 11,2% la economía sumergida. Ese estudio considera que sólo el 60% de la economía sumergida es susceptible de generar ingresos tributarios. Con esas cifras y asumiendo que la presión fiscal media se sitúa en el 35,2% y que los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria son el 50%, la desviación total sobre la recaudación ascendería a los 14.160 millones de euros.

Otra de las propuestas de CSIF pasa por convertir el Servicio de Vigilancia Aduanera en un embrión de una «Policía Fiscal»: «Para el CSIF, el Servicio de Vigilancia Aduanera es el embrión de la Policía Fiscal y Judicial que la AEAT debería potenciar para una lucha más eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida». Dado que este servicio cuenta con una amplia trayectoria en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, «podría resultar de extraordinaria utilidad su experiencia, por ejemplo, en la afloración de patrimonios ocultos de organizaciones criminales aplicando sus capacidades de investigación policia», defienden en CSIF.