La creación de un gravamen temporal, una medida compleja

Una tributación que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro que España no piensa aprobar en solitario, sino siempre de la mano de sus socios europeos. En este sentido, las grandes economías comunitarias (Alemania, Francia, Italia y España) ya enviaron en septiembre una carta conjunta al presidente del Eurogrupo para solicitar una normativa europea para que la tributación de las empresas tecnológicas sea acorde a los volúmenes de ingresos que generan en cada territorio.

En cualquier caso, los expertos consideran que un impuesto a las operaciones de estas sociedades es bastante inviable. «Es un tema bastante verde. No es algo que se pueda realizar en el medio plazo», sostiene el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. En su opinión, el hecho imponible de este tributo debería quedar muy definido y podría entrar en conflicto con el IVA si finalmente lo que se quiere gravar son las operaciones o la facturación de estas compañías. Tampoco queda claro el concepto de establecimiento virtual permanente que se incluye en el programa BEPS de la OCDE.

Por contra, Mollinedo considera que es necesario avanzar en el proyecto de la Comisión Europea de una base imponible consolidada común en el Impuesto de Sociedades. Esto impediría que las multinacionales puedan trasladar artificialmente los ingresos generados en las filiales de un país a otro con mayores ventajas fiscales. Ahora mismo una táctica muy utilizada consiste en que las multinacionales fijan su matriz en países como Irlanda u Holanda, donde la tributación por los 'royalties' (pagos por derecho de autor de un producto) es muy baja o está exenta. De esta forma, estas matrices son las encargadas de comercializar estos productos intangibles, de manera que todas las filiales sufren un vaciamiento en favor de esta empresa por el uso de las patentes.

Otra forma de rebajar la factura impositiva son las 'tax rulings'. Es decir, una multinacional pacta con el Estado una tributación al margen de la legislación estándar. Es lo que ocurrió en el caso 'Luxleaks' en el que el Gobierno luxemburgués llegó a pactos secretos con más de 340 grandes empresas para que tributaran menos de un 1%.

Por algo similar la Comisión Europea ordenó a Irlanda recuperar 13.000 millones en impuestos no cobrados a Apple por beneficios fiscales ilegales. Amazon tendrá que abonar otros 250 millones a Luxemburgo por el mismo motivo. Google ya pactó con Reino Unido abonar 172 millones por impuestos atrasados.