El Consejo de Ministros aprueba hoy la 'tasa Tobin' y la 'tasa Google'

No es la primera vez que estas dos tasas obtienen el respaldo del Consejo de Ministros: el anterior Gobierno socialista, el que surgió de la moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya inició los trámites para lograr poner en marcha estos dos nuevos impuestos y el 18 de enero de 2019 lo aprobó en Consejo de Ministros. La convocatoria adelantada de las elecciones generales al no prosperar la aprobación de los Presupuestos abortó el proceso parlamentario que podría haber hecho que vieran la luz. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales el 15 de febrero.

El Gobierno, por tanto, no espera a presentar los Presupuestos para tratar de sacar adelante estos dos tributos. Para mostrar su proyecto de cuentas públicas el Gobierno prefiere tener atados los apoyos. Es probable que para obtener la aprobación de la «tasa Google» y la «tasa Tobin» el camino esté más despejado que para lograr lo mismo con la Ley de Presupuestos. Si bien no es probable que cuente con los votos de los partidos de la derecha del espectro (aunque alguno de ellos concedía en declaraciones a este periódico que las grandes empresas tecnológicas tributan en España menos de los que deberían), sí podría contar con el respaldo del PNV. Aunque este partido ha afirmado que preferiría que fueran impuestos acordados a nivel europeo, si el Gobierno español lo hiciera por su cuenta, como parece que va a hacerlo, estaría dispuesto a hablar de ellos y a negociarlos. Más asegurado, sin embargo, estaría el parabién de Esquerra Republicana de Cataluña para estas dos medidas fiscales concretas, así como del resto de la izquierda.

Hacienda parece querer acelerar la aprobación de tributos que den un impulso a los ingresos públicos para hacer frente a las políticas de gasto que tiene comprometidas ya y también las que querría introducir en los próximos presupuestos. De acuerdo con los cálculos del Gobierno, con la puesta en marcha de estos dos impuestos se recaudarían 2.050 millones de euros al año (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras). Pero, según cuándo entren en vigor, el periodo del año sobre el que se aplicarán podría mermar y, por tanto, también los ingresos previstos.

También hay que tener en cuenta que estos cálculos de recaudación se efectuaron antes de la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento del PIB que el Gobierno efectuó la semana pasada, lo que podría tener su impacto en la cifra final de ingresos del Estado por este concepto.

El impuesto sobre las tecnológicas, cuya liquidación será trimestral, busca gravar los servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en la red y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Pero únicamente de las empresas con ingresos totales de, al menos, 750 millones de euros, de los cuales al menos tres millones correspondan a España. El gran escollo con el que se topa este tributo es con la oposición de Donald Trump, dado que la mayor parte de las grandes compañías tecnológicas son estadounidenses. Esa oposición ya ha llevado al Gobierno francés a retrasar la entrada en vigor de la figura tributaria para evitar las represalias de la Casa Blanca en forma de aranceles.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, en su entrada a la reunión del Eurogrupo, ha afirmado que en España podría ocurrir algo parecido: que la 'tasa Google' se pague a final de año, para así dar tiempo a ver cómo evoluciona la cuestión a nivel internacional.

En cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras, gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros ejecutadas por operadores del sector financiero, que serán los sujetos sometidos a tributación. Justamente, la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, comentaba que su organismo había participado en el diseño técnico del impuesto y que estaría en línea con el francés y el italiano, ya en marcha. Pero el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, afirmó justo el mismo día que su entrada en vigor desincentivará la inversión en acciones españolas. Otra de las críticas vertidas contra este impuesto es que las entidades financieras lo trasladarán a los precios que tenga que pagar su cliente final y que, por tanto, será este último el que, en la práctica, lo sufragará.

Ambos tributos, tanto el tecnológico como el que se prevé que grave las transacciones financieras, están siendo objeto de discusión a nivel internacional con la finalidad de establecerlo de manera armonizada en los países de la OCDE o, al menos, en la Unión Europea.