El Congreso frena la subida del impuesto de matriculación este año

Esta norma entró en vigor a principios de año y es mucho más exigente que la anterior, provocando que las emisiones de CO2 que se tienen en cuenta para fijar el tributo subiesen en todos los tramos.

Por ejemplo, con la nueva norma, los modelos de coche que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro están exentos de pagar el impuesto. La enmienda aprobada, que aún tiene que pasar por el Senado, mantiene esa exención si emiten hasta 144 gr/km. Y así con todos los tramos. Desde las asociaciones del sector ya defendían que no acabar con este factor técnico en el cálculo habría implicado que apenas un 36% de las nuevas matriculaciones en 2021 se hubiesen librado del tributo.

«La entrada en vigor de la normativa WLTP (más estricta) supondrá un aumento en el valor de emisiones oficiales, ya que el dato es aproximadamente un 20% superior al vigente. De no corregirse esta modificación de carácter estrictamente técnico, en España el impuesto de matriculación se vería inmediatamente incrementado y, además, para muchos modelos supondría perder la actual bonificación del impuesto», reza el texto, que ya fue presentado a finales de 2020.

Esto es debido a que dicho impuesto está ligado a la cantidad de dióxido de carbono que homologa cada automóvil. Al cambiar la legislación y hacerla más estricta, los coches homologan una cifra mayor, por lo que saltan de tramo en la tasa y pagan más.

De hecho, este nuevo modelo ha provocado que entre enero y abril de este año el impuesto por matriculación recaudase un 109% más que en el mismo periodo del año anterior, hasta los 207 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta el efecto de la pandemia en este segmento de mercado el pasado año.

Otra enmienda aprobada desarrolla el artículo de la Ley General Tributaria dedicado a las autorizaciones judiciales para la entrada en el domicilio de los contribuyentes, para establecer que esta solicitud «deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada».

Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial, prosigue la enmienda, podrán practicarse antes del inicio formal del correspondiente procedimiento «siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial». Asimismo, la solicitud de autorización judicial, necesaria salvo que hubiera consentimiento del contribuyente, deberá incluir el acuerdo de entrada de la autoridad administrativa correspondiente.

La ley de lucha contra el fraude aprobada por el Congreso, y que ahora tendrá que pasar el visto bueno del Senado, incluirá también los cambios previstos en el régimen fiscal de las Sicav, fijando un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de una Sicav por compartimentos, para contabilizarlas dentro del mínimo de cien participantes necesarios para tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

En el caso de las Socimis, una enmienda incluida establece la tributación al 15% de sus beneficios no distribuidos. Este gravamen especial se aplicará sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto de Sociedades que estén en plazo legal de reinversión y se adecúan las obligaciones de suministro de información a la nueva tributación.

Se incorpora además la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto las situadas en España como en el extranjero, si afecta a los contribuyentes nacionales. Por tanto, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas, así como sobre las operaciones que se hayan efectuado con ellas. Será obligatorio informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la posesión de criptodivisas en el extranjero.

El proyecto de ley también rebaja la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones desde los 2.500 euros hasta los 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios. Tal y como estaba previsto, también quedarán prohibidas las amnistías fiscales, y la lista de morosos con Hacienda se abre a los deudores desde 600.000 euros, desde el millón de euros que implicaba hasta ahora la inclusión de un contribuyente en la 'lista negra' de la Agencia Tributaria.