Las autonomías se preparan para la batalla con el Gobierno por los impuestos cedidos

Desde Hacienda defienden que ésta no es una idea nueva, y que ya fue expuesta por el comité de expertos creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En todo caso, advierten: «armonización no es uniformidad», por lo que cada comunidad tendrá margen de actuación. Dentro de unos límites.

Las diferencias entre comunidades en estas figuras tributarias son patentes. Si bien siete autonomías han suprimido, o casi, el Impuesto de Sucesiones (Cantabria, Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura, Madrid o La Rioja), en el resto, la factura a pagar, por ejemplo para una persona que herede 800.000 euros, puede oscilar entre los 6.000 y los 100.000 euros en función de la región en la que resida el fallecido, según cálculos del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF) con datos de 2019. Mientras, en Patrimonio, que está completamente bonificado en Madrid, la factura para fortunas de 800.000 euros oscila entre los 50 euros de La Rioja y los casi 1.164 de Aragón, ecuación que persiste para patrimonios más amplios.

La diferente visión que sobre los impuestos muestran las comunidades puede complicar el camino hacia esa armonización fiscal que busca el Ejecutivo. Por lo pronto, Montero podría encontrarse con la oposición de algunas comunidades del PP: Madrid, Castilla y León o Andalucía.

Madrid ha sido muy beligerante con esta cuestión. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, expone: «Hablan de armonización cuando en realidad lo que quieren decir es subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños». Y añade: «Si la ministra de Hacienda quiere subir por la fuerza los impuestos en Madrid, va a tener enfrente a los madrileños». Madrid saca pecho afirmando que si antes de bonificar Sucesiones se declaraban 38.921 al año, ahora alcanzan las 90.000 declaraciones, cifra bajo la que subyace la posible entrada de contribuyentes procedentes de otras regiones. En cuanto a Patrimonio, se suprimió, alegan, porque «su recaudación es marginal» y porque «provoca fuga» de declarantes.

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Hacienda de Castilla y León, sólo defendería una armonización fiscal que fuera a la baja. De hecho, se está tramitando en las Cortes regionales un proyecto para eliminar Sucesiones y Donaciones, tributo que ahora en esa comunidad es de los más gravosos de España, circunstancia que Fernández Carriedo considera que no ha tenido un impacto «relevante» en la evolución del número de declarantes.

Desde la Hacienda andaluza, exponen:«No toleraremos un socialismo fiscal obligatorio impuesto unilateralmente por el ministerio que socave las competencias que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía». Y recuerdan que si bien el Gobierno anterior, socialista, «había desarrollado las competencias fiscales al alza imponiendo mayores cargas tributarias a los andaluces», ahora San Telmo aboga por la bajada de impuestos «para acercar su fiscalidad con la de otras comunidades». Por ejemplo, dicen, a la bonificación al 99% en Sucesiones y Donaciones de Extremadura, Murcia, Madrid o Cantabria, entre otras.

Otras autonomías muestran una sensibilidad contraria y podrían hacer fuerza con el Gobierno central. Aragón, por ejemplo. Fuentes de su consejería de Hacienda apuntan a que es necesaria la armonización fiscal para evitar diferencias de tributación en función de dónde se resida, porque son «injustificables». Y también reivindica «lealtad» entre autonomías para no provocar bajadas impositivas en cadena. En ello insisten fuentes de la Hacienda valenciana, para las que la armonización fiscal es «una condición necesaria» para que un sistema de financiación funcione de manera eficiente y equitativa. «De lo contrario, una parte de los recursos que financian los servicios públicos dependería de la competencia fiscal entre comunidades», aseveran. Aragón y Valencia, por tanto, son partidarias de, al menos, establecer un suelo para estos impuestos.

Asturias coincide: demanda «una armonización de mínimos con el fin de garantizar un mínimo común de gravamen en todos los territorios. El nivel máximo viene definido en los principios generales de nuestro sistema tributario», «en el principio de no confiscatoriedad». Desde esta autonomía se defiende: «Los tributos cedidos no son de las comunidades autónomas. Son, por definición, tributos estatales y corresponde a la Administración Central la regulación básica de los mismos, así como garantizar una fiscalidad mínima o común en todo el territorio nacional. Existe una armonización en los restantes tributos cedidos».

Desde la Hacienda extremeña señalan que ya en la Conferencia de Presidentes la región se mostró partidaria de la fijación, no sólo de unos mínimos, sino también de unos máximos que puedan aplicar las autonomías. Y razonan que si bien hay comunidades que cuentan con recursos suficientes para poder hacer una política fiscal a la baja, hay otras que se ven obligadas a mantener los impuestos porque cuentan con menos recursos para atender a sus ciudadanos, lo que, admiten, puede provocar la deslocalización de los contribuyentes. Por ello, «desde Extremadura rechazamos cualquier competición de bajada de impuestos».

Las diferencias son de calado: las autonomías que tienen estos impuestos casi eliminados se niegan a tener que reconstruirlos o subirlos «por decreto», y entre las que sí apuestan por una armonización, difieren en si tiene que establecerse sólo un mínimo de tributación o si se ha de consensuar también un máximo. El conflicto o, siendo optimistas, las bases para la negociación, están servidos.