La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha vuelto a insistir en la necesidad de «iniciar los trabajos para definir un plan de reequilibrio y modernización que asegure la sostenibilidad de las cuentas públicas». Lo ha hecho en la Comisión ... de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Y hace dos semanas ya lo había manifestado en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, repitiendo lo que advirtió en la presentación de su informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad que envió el Gobierno a Bruselas, a principios del mes de mayo.
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Tal y como ha planteado Herrero esta mañana, en la actualidad, con la crisis económica que se ha desatado por la pandemia, conviven dos retos: el económico y el fiscal, que se retroalimentan. De esta manera, si desde el punto de vista económico es necesario minimizar las pérdidas de empleo y PIB, reabsorber a los trabajadores sujetos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y asegurar la viabilidad de los puestos de trabajo, también «hay que abordar las implicaciones fiscales de la crisis, diseñando una estrategia de salida que apoye la recuperación económica y asegure la sostenibilidad de las cuentas públicas, garantía de crecimiento futuro». «La crisis ha precisado de una reacción inmediata que es probable se deba prolongar más tiempo para preservar empleos, tejido productivo, rentas y bienestar social. La prioridad sigue siendo atender estas necesidades, pero mirando ya a un horizonte de medio plazo», aseguró en su presentación Herrero, quien además advirtió de que es posible que las medidas de corto plazo no sean suficientes y de que no se pueden descartar «presiones de gasto adicionales a las que ya se preveían».
Ello va a llevar a que la salida de la crisis tenga lugar con un déficit más amplio y con una deuda más elevada que el máximo de la crisis previa. De hecho, la institución ha empeorado su estimación de deuda, que se situará este año entre el 116% y el 123% del PIB y entre el 118% y el 125% el año que viene, un punto más que en su anterior previsión.
«La incertidumbre no puede ser excusa para un ejercicio de planificación presupuestaria y una adecuada coordinación con la estrategia de recuperación», aseveró Herrero. También recordó la presidenta de la autoridad independiente que la situación fiscal de partida en términos de deuda y de déficit no era holgada: «Aunque esta crisis fuera temporal y sin efectos permanentes, esas necesidades de reequilibrio emergerán».
Herrero también ha advertido de que la existencia de recursos adicionales de la Unión Europea es un motivo que justifica aún más la necesidad de «una planificación económica y fiscal minuciosa». Además, ha recordado que los recursos comunitarios que lleguen a España, también los que se efectúen en forma de transferencias, habrán de ser de vueltos. Por ello, ha animado a invertir «bien» esos recursos para «elevar el crecimiento» y «asegurar que no trasladamos a generaciones futuras el coste de su financiación».
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Además, ha apuntado que, en el diseño de este plan de medio plazo de consolidación fiscal, es necesaria la «cooperación institucional entre administraciones públicas» y «el mayor respaldo posible del arco parlamentario», porque ello ayuda a reforzar la «credibilidad y la reputación internacional».
Pese a la incertidumbre presente en la actualidad sobre la situación económica y la pandemia, a juicio de Herrero, el plan de reequilibrio ha de incluir «un calendario tentativo» para el cumplimiento de hitos, aunque éste pueda revisarse en función de la evolución de los acontecimientos, de forma que se pueda «reorientar» si no funciona.
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Asimismo, la presidenta de la AIReF ha manifestado su resquemor porque no se haya activado la cláusula de escape nacional para suspender el marco fiscal de 2020 y poder incurrir tanto el Estado como las comunidades autónomas en déficit estructural, lo que deja a las administraciones y al supervisor «sin reglas del juego claras». Además, ese escape de las reglas fiscales obligaría al diseño de un plan hacia la sostenibilidad fiscal. «La actual normativa contempla situaciones de excepcionalidad como paso previo a la formulación de una estrategia de salida», aseguró Herrero.
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