clara alba
Jueves, 15 de abril 2021, 13:54
Empresarios y economistas no han tardado en reaccionar a una posible subida de impuestos para financiar el gasto derivado de la crisis del coronavirus. A pesar de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mandado un mensaje de calma al asegurar que ahora «no ... es el momento» de mayores cargas fiscales, los expertos temen que la reforma tributaria que prepara el Ministerio de Hacienda acabe por aplicarlas a partir del próximo año, demasiado pronto para que la economía se haya curado las heridas de la crisis.
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«Hay que llevar a cabo la reforma fiscal, pero de una manera amigable con el crecimiento y, bajo ningún concepto, se pueden elevar impuestos en una situación como la actual», indica Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. «En el largo plazo, el aumento de la fiscalidad no siempre tiene un impacto positivo en la recaudación», insisten desde el think tank.
Los datos que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez apuntan a que España cuenta con una presión fiscal que supone un 35,5% del PIB, frente a la media del 41,1% de la Unión Europea. Y cerrar esa brecha ha sido la base para poner en marcha la reforma tributaria anunciada por María Jesús Montero. El problema, según indican los expertos, es que se optará por la subida de impuestos en vez de por otras medidas que contribuirían a ese objetivo como una lucha más firme contra la economía sumergida.
Desde el IEE advierten de que la búsqueda de ese incremento de 6 puntos sobre el PIB que pretende el Ejecutivo será fatal para la economía si solo se plantea por la vía recaudatoria. «Se podrían perder 10 puntos de crecimiento y dos millones de empleo en el largo plazo», aseguran.
Es la pescadilla que se muerde la cola: «sistemas fiscales poco competitivos llevan a una menor recaudación por habitante, pues hay menos actividad y más fraude a través de la economía sumergida», insisten.
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En este sentido, los expertos critican la 'obsesión' del Gobierno por tocar, precisamente, impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones, casi extintos en otros países del Viejo Continente. Por ejemplo, un reciente estudio del instituto IFO alemán, un impuesto sobre el patrimonio en el país germano con un impacto recaudatorio del 1% podría generar un impacto negativo en el PIB de hasta el 5%. Según indica Fernández de Mesa, «en Francia ocurría prácticamente lo mismo y por eso se eliminó, con un cálculo en el que se estimó una pérdida global neta de recaudación del doble de los ingresos obtenidos por la actividad económica».
Según recuerdan los expertos, una situación similar se da sobre el impuesto de sucesiones. Un tributo que «en 15 de los 27 países miembros no existe y, los que lo tienen, lo hacen a tipos residuales que rondan el 15%, frente al 34% de España que en los casos extremos puede llegar incluso al 82%». «Es un impuesto que recauda muy poco e impacta negativamente en la actividad», insisten.
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La misma idea maneja Valentín Pich, presidente del REAF. «La realidad es que el impuesto sobre patrimonio es una cosa muy rara en el mundo», indica, recordando que la tendencia internacional también es un impuesto de sucesiones con tipos bajos y prácticamente sin deducciones. Añade que la futura aplicación de un impuesto mínimo global que abandera EEUU «suena bien en Europa, aunque en España no tendrá mucha incidencia», pues el tipo que se paga ya está por encima del 17%, frente al 21% propuesto por EEUU.
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