Espadas en alto por la armonización fiscal pactada entre el Gobierno y ERC

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se había manifestado a favor de esta armonización al menos desde su primera comparecencia en la primera comisión parlamentaria de su ramo de esta legislatura, a principios de año. Y, además, desde el departamento que dirige Montero defienden que esta idea ni siquiera es original de este Gobierno: ya fue expuesta por el comité de expertos creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. En todo caso, también señalan que la armonización no es uniformidad, lo que implica que, tras la reforma, cada comunidad tendrá margen de actuación. Dentro de unos límites. Se baraja la idea de establecer un tipo mínimo y un tipo máximo de tributación.

Pero todavía no hay detalles de cómo se articulará tal armonización. Una de las enmiendas presentadas por ERC planteaba la creación de un tramo estatal en Patrimonio. Pero Aragonés este miércoles apenas avanzó que se creará un grupo de trabajo para abordar la reforma tributaria. Y no puede anticipar cuáles serán las conclusiones. Será allí donde se establecerán. «Lo importante es empezar a caminar», aseguró.

Los observadores interpretan que esta medida busca evitar que Madrid siga bonificando estos impuestos, ejerciendo lo que desde Hacienda, el propio presidente del Gobierno y algunos territorios se califica de «competencia desleal» o de «dumping fiscal». En este sentido, ayer, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonés, tras ratificar el apoyo de su partido a los PGE abogó explícitamente por poner fin a la «competencia desleal» y los «privilegios» de la Comunidad de Madrid en materia fiscal. «Se han acabado los privilegios», proclamó el líder republicano. «Hay territorios que hacen una competencia desleal desde el punto de vista fiscal, beneficiándose de la localización en la capital del psís de la mayor parte del funcionariado del Estado y las grandes empresas del Ibex-35», afirmó.

Ya desde la semana pasada, representantes del Partido Popular, como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital y portavoz nacional de la formación, han advertido de que irán a los tribunales en caso de que el Ejecutivo toque los impuestos autonómicos. El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado este miércoles en una entrevista en la Cadena Cope que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se escondan detrás de ERC para subir los impuestos a los madrileños. Fernández-Lasquetty ha insistido en que no cree que este compromiso se lo haya arrancado ERC al Gobierno, sino que es «el PSOE el que quiere freír a impuestos a los madrileños». La presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que será «la peor pesadilla» de quien quiera tocar los bolsillos al contribuyente madrileño. Desde Madrid, además, se niega la existencia de privilegios y se defiende que las reglas son iguales para todos.

Desde el inicio de la legislatura, María Jesús Montero vinculó la reforma de los impuestos cedidos a las autonomías a la modificación del modelo de financiación autonómica. Montero considera que existe «unanimidad» respecto a que la actual financiación autonómica es «compleja», «poco transparente» y que lleva a diferencias «injustificadas» entre las comunidades. Hacienda quería tener ya un esbozo de la reforma este otoño. La pandemia desbarató estos planes. Ahora, el objetivo del Ejecutivo pasa por abordarla a partir del mes de febrero: una vez aprobados los Presupuestos, la siguiente tarea que se ha encomendado el equipo de la ministra es acometer la reforma de la financiación autónomica.

Además de Madrid, también contrarios a la armonización de los impuestos (salvo para eliminarlos) son Andalucía o Castilla y León. Mientras que otras autonomías, como Aragón, Asturias, Valencia o Extremadura sí abogan por el establecimiento de unos mínimos de tributación.

De acuerdo con las simulaciones del REAF, un propietario de 800.000 euros, cuatro millones o quince millones no pagaría nada por Impuesto de Patrimonio en Madrid, mientras que en Cataluña pagaría casi 770 euros, cerca de 42.000 y más de 297.000 por ese orden y por este concepto.