Los exconsejeros de Caja España no declaran e inciden en su total inocencia

De todos los citados tan sólo uno ha aceptado declarar ante el juez -el exalcalde de León, Francisco Fernández- mientras que el resto ha optado por no ofrecer testimonio alegando que el procedimiento se encuentra pendiente de una petición de sobreseimiento y a la espera de resolución por el aforamiento de Martínez Maíllo, número 3 del PP y diputado nacional.

«Nos hemos acogido a nuestro derecho a no declarar por estar pendiente de resolución el posible sobreseimiento así como el posible desarrollo de la causa en el Supremo al existir un aforado», han asegurado al unísono tanto Miguel Ángel Álvarez como Javier García Prieto tras abandonar la sala.

Ambos además han asegurado que el ejercicio de sus funciones como consejeros se ejerció en su día en base a «informes técnicos» y siempre velando por el mayor beneficio de la entidad de ahorro.

Todos los exconsejeros de la citada entidad de ahorro -hoy ya desaparecida- se encuentran acusados de administración desleal en el ejercicio de sus funciones en un proceso cuya denuncia inicial se sitúa en 2009.

En su conjunto la cantidad global que se estima no fue administrada de forma ejemplar ascendería a unos 29 millones de euros. El procedimiento se retoma así después de que semanas atrás se denegara el archivo de la causa a requerimiento de parte.

La citación de los encausados por este caso fue entregada semanas atrás y la misma fue recibida «de buen grado» por las defensas. Así lo advirtió la letrada Paquita Cobos para quien el citado proceso se encuentra inmerso en una situación de «dilación indebida» que «daña» a sis representados. «No hay que olvidar que se trata de un procedimiento que proviene de una denuncia de 2009».

En la antesala de la celebración de las diligencias la abogada representante de la acusación, Ana Peñalosa (IU), ha remarcado que se espera «poco» del proceso de declaración de esta jornada.

En ese «poco» se enmarca la sensación de que los investigados sólo responderán a sus letrados y ha defendido que la tesis de los peritos del Banco de España evidencia que hubo un daño a la entidad desde su propio consejo de administración.

Respecto a la ausencia de Maíllo ha recordado que «en este momento» su situación procesal le vincula al Supremo y ha instado a que pese a que la jurisprudencia insta a que el procedimiento se eleve a esa instancia la instrucción se realice inicialmente en León y a continuación se procesa al traslado al Supremo.

Por último la acusación del caso ha recordado que las penas a los investigados podrían llegar a los cuatro años «además de las multas correspondientes».

Una vez finalizada la requisitoria a diligencias la letrada de la acusación Ana Peñalosa ha remarcado que sólo el exalcalde de León, Francisco Fernández, ha prestado declaración en sala.

En su testimonio, según ha advertido, Fernández ha asegurado no sentirse responsable de ningún daño causado a la entidad, limitándose «a votar en función de los informes técnicos que se les presentaban».

Francisco Fernández ha contestado al juez, ministerio fiscal, a su propia letrada así como a otras dos letradas de la defensa.

Para este martes está prevista la declaración de otros cinco exconsejeros (Marcos García, Zenón Jiménez-Riduejo, María Begoña Núñez, Ola Palacio y José antonio Turrado) y, según la previsión adelantada por la letrada, todos los asistentes prestarán declaración.

Según la acusación los 14 consejeros de la sociedad podrían haber cometido un delito de administración desleal en la refinanciación de créditos a quien entonces ocupaba la presidencia del consejo de administración, el empresario leonés Santos Llamas.

En la actualidad la acusación afecta Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Javier García Prieto, concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de León; Francisco Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de León -PSOE-; Miguel Ángel Álvarez, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UPL; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de Caja España-Caja Duero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero de Caja España-Caja Duero por el PP; Marcos García, exsecretario de Caja España-Caja Duero ; Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, exconsejero Caja España Caja Duero por el PSOE; Begoña Núñez, Olga Palacio -PSOE-y Alejandro Menéndez.

Tal y como consta en el proceso y remarcó la Fiscalía en su día todos ellos no habrían velado por los intereses de Caja España y permitieron que ésta mantuviera 'vivos' créditos a favor del presidente de la misma, Santos Llamas, pese a tratarse de concesiones financieras de imposible cobro.

El procedimiento actual proviene de las diligencias previas nº 1.917/2013 que fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.

En su conjunto Santos Llamas llegó a mantener una deuda con la entidad (teniendo presente todas las sociedades en las que participaba con un 20% o superior) de 76,7 millones de euros. De ellos casi 68 millones fueron aportados por la entidad primera (Caja España) mientras que otros 8,8 provenían de la segunda entidad (Caja Duero).

El empresario, al ser titular de deudas con la entidad que presidía, se encontraba inhabilitado para ocupar el citado puesto de presidente, pese a lo cual los consejeros en ningún caso se opusieron ni hicieron notar esa condición. Por los mismos motivos, Santos Llamas también estaba inhabilitado para ejercer como consejero.

Se trata, tal y como consta en el proceso, de operaciones aprobadas durante los años 2010, 2011 y el 26 de enero de 2012, que tenían por finalidad la refinanciación o restructuración de deudas «sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que había vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido el 8 de enero de 2009, y que ponían de manifiesto la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento», según una resolución emitida en su día por la Audiencia Provincial en la que se reclamaba el retorno de la causa a su juzgado y el avance en el procedimiento.