El Estado inyectará al menos 260 millones a la gran industria para rebajar su factura eléctrica

Se trata de «establecer un terreno de juego equiparable con los competidores europeos», según fuentes del Gobierno donde insisten en generar «un marco estable, riguroso y homologable» con respecto al resto de competidores continentales. Para ello, el Real Decreto que desarrollará este Estatuto incluye tres tipos de apoyo económicos. Por una parte, la compensación por los costes indirectos de emitir dióxido de carbono (CO2), una medida que ya estaba en vigor y que, hasta ahora, suponía un gasto para el Estado de 172 millones de euros. «Esperamos que a partir de ahora la dotación sea superior, con un dato que será muy positivo», apuntan desde el Ejecutivo.

El importe definitivo solo llegará cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2020, ya que se trata de incentivos que se sufragan vía cuentas públicas. Y, en cualquier caso, se unirá al procedente de otra de las medidas dispuestas en el Estatuto: la compensación de los cargos destinados a financiar las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de los territorios insulares. El erario público bonificará un 85% de ese concepto de las facturas de las grandes industrias. Es decir, solo tendrán que pagar un 15% de esos cargos, que son parte de los costes fijos, tal y como tienen los pequeños consumidores en sus recibos. Este mecanismo, que según fuentes gubernamentales ha sido aceptado por la Comisión Europea, ascenderá a unos 90 millones de euros para este año.

La tercera vía de ayuda al sector será la creación de un fondo de garantías y avales emitidos a través de la organización CESCE (Agencia de Crédito a la Esportación española, organismo que gestiona el seguro de crédito e inversiones por cuenta del Estad). A través de esta vía, el Gobierno pretende asegurar contratos de suministro de electricidad a plazo con proyecto de generación de renorables (los denominados PPAs). Fuentes del Ejecutivo indican a este diario que el importe de estas garantías podría superar los 500 millones de euros. El Gobierno recuerda que, según varios estudios, estos PPA pueden supone «una rebaja sustancial» de precios de hasta seis euros por megavatio/hora (Mwh). Ante la brecha que existe entre lo que pagan las grandes industrias en España y las de otros países europeos (un entorno de 20 a 25 euros/mwh más, según las patronales), la ese diferencial podría reducirse entre un 20% y un 25% con respecto al coste de Francia o Alemania.

Esta normativa condicionará a la baja la factura eléctrica de unas 600 empresas en toda España que realizan un uso intensivo de luz. De todas ellas, 153 (una cuarta parte) se encuentran en Cataluña; 94 en la Comunidad Valenciana, 67 en Andalucía, 44 en el País Vasco, 43 en Aragón, 36 en Castilla y León, 30 en Castilla-La Mancha, 31 en Galicia, 25 en Navarra, 19 en Asturias, 19 en Madrid, 17 en Murcia, 15 en Cantabria, 9 en Extremadura, 4 en Canarias, 3 en La Rioja y 3 en Baleares.

Para Industria, «se crea un entorno muy favorable para las empresas», en función de lo que habían exigido en los últimos meses para no cerrar las plantas que tienen en lugares como Galicia o Asturias. El caso de Alcoa ha sido el más paradigmático ante las amenazas de suspensión de su actividad por los altos costes energéticos y la imposibilidad de competir en España frente a otros países.

Los responsables de Transición Ecológica e Industria están reunidos esta misma tarde con sindicatos y patronal del sector para ofrecerles detalle del decreto, que se publica este martes para exponerlo en audiencia pública para pasar posteriormente por el Consejo de Estado, así cómo por Consejo de Ministros y la necesaria validación de las Cortes.