A la espera de una 'transición justa' para el carbón... y para 110.000 habitantes de 83 pueblos

El lunes, la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera abogó por una «transición justa» porque, a su juicio, no es posible facilitar una modernización de la política energética «obviando» a las personas y las comarcas más afectadas por este cambio. De ahí que defendiera la necesidad de generar empleos y oportunidades en estas zonas para la creación de riqueza y nuevos procesos industriales.

Ribera consideró que este cambio energético, que afectará al sector del carbón, debe contar con la participación de los directamente afectados y urgió a recuperar el tiempo perdido hasta ahora. «Confío en que encontremos soluciones justas para estas regiones que hoy están preocupadas e inquietas, porque no hay ningún tipo de conflicto», añadió.

La expresión 'transición justa y equilibrada', introducida en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015, hace referencia a la iniquidad que supondría obligar a los trabajadores que han hecho posible la sociedad actual a que paguen el coste de los cambios que requiere la sociedad del futuro. Trata de la puesta en práctica de políticas industriales sostenibles, programas intensos de apoyo social y mecanismos que hagan que los trabajadores de las zonas afectadas tengan acceso preferencial a los nuevos empleos.

El pasado febrero, la consejera de Economía y Hacienda fue a Bruselas a exponer las especiales dificultades que tienen las cuencas carboníferas de la comunidad para afrontar su reconversión socioeconómica. Pilar del Olmo insistió en la necesidad de introducir factores de discriminación positiva que permitan conceder incentivos en estas zonas y fondos estructurales específicos.

Desde que en 2010 la UE decidió que solo permitiría la supervivencia de la minería competitiva a partir de 2019, Castilla y León ha pasado de contar con más de 17 explotaciones que generaban 2.000 puestos de trabajo directos, a cuatro minas que emplean a menos de 400 personas. A ello hay que sumar los efectos negativos que aún sigue teniendo esta acusada reducción de la actividad extractiva sobre las plantas tradicionales de generación eléctrica de carbón.

Enclavados en zonas rurales y de difícil orografía, los municipios mineros de la comunidad presentan una densidad demográfica de 12 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 26 de la media autonómica; y una elevada dispersión –44 de los 83 tienen menos de 500 vecinos–. En la última década han perdido el 11% de su población –cuando en la comunidad esa disminución ha sido del 1,5%– como consecuencia del envejecimiento y el saldo migratorio negativo.

Con el apoyo de una amplia mayoría de las Cortes regionales, la Junta ha puesto en marcha el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros con el objetivo de incrementar y diversificar la actividad en estas zonas y atraer nuevas inversiones. En su intervención en el 'Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación e Inversiones' de la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición, Pilar del Olmo hizo hincapié en que este esfuerzo se está realizando mayoritariamente con recursos propios, debido a las limitaciones de los Fondos Estructurales de la UE.