España y Castilla y León, a través de los consejos económicos y sociales

Se teme una nueva recesión. ¿Se han asentado las bases de una nueva economía más justa, en favor de los más desfavorecidos?

–Marcos Peña: La crisis es una oportunidad literaria. Es una herida social compleja y cronificada y lo primero que se necesita para salir de ella es comprenderla. Dentro del desastre que padecimos, debemos reconocer que nuestros sistemas, aunque con dificultad, se mantuvieron. La sanidad y la educación aguantaron y el comportamiento del sistema público de pensiones fue ejemplar. Muchos de los problemas que teníamos siguen latentes, pero la recuperación del empleo ha sido significativa y hay que enorgullecerse de ello.

–Germán Barrios: Algunos vientos de cola hacen percibir una desaceleración en el crecimiento. Tenemos menos comercio internacional, pero mientras la demanda interna siga impulsando la economía, es difícil que haya una recesión. La crisis trajo importantes cambios estructurales, hemos mejorado en el posicionamiento internacional y hemos aprendido a exportar. Nos queda por aprender que un exceso de austeridad es contraproducente y que hay que estimular la economía con más inversión pública y social.

El caso de las hipotecas ha puesto de manifiesto la sensibilidad de los políticos para atender directamente las demandas de los ciudadanos. ¿Qué significa esto para el sistema de democracia representativa?

–M. P.: Es un asunto complejo. La política de peticiones del oyente es un dislate. Ningún partido político, ni los más reivindicativos, tenían esta reclamación en su agenda y, de repente, es un problema nacional de primer orden. El Poder Judicial evoluciona de forma compleja y el pleno debería haberse realizado antes, pero no es tan importante el tema de la evolución procesal, como el tema de la confusión de prioridades, que se traduce en una banalización fiscal. Cualquier problema lo solucionamos recaudando, pero un sistema fiscal debe cumplir con los requisitos de suficiencia, equidad y eficiencia. Tenemos que hacer sistemas que nos permitan ser más ricos y mejores.

–G. B.: Hubo una primera transición, la de la democracia representativa, que consolidó los partidos políticos. Ahora, los ciudadanos demandan una segunda transición a la democracia participativa. Quieren contribuir con el poder público y participar en las decisiones. Pero esto debe hacerse a través de canales institucionalizados, como pueden ser los CES, tiene que haber información objetiva, reflexión, aprendizaje y un debate para llegar a posturas de consenso. Ahí es donde los CES damos ejemplo con nuestro trabajo en base a la razón, a la tolerancia y al diálogo.

¿Qué importancia tiene el diálogo entre los agentes sociales para la solución de problemas de colectivos concretos de un modo más justo, participativo y abierto?

–M. P.: Nuestras sociedades se han armado en base a dos pactos tácitos. El primero, entre el Estado y el mercado, se basaba en la cohesión y la eficiencia económica. El segundo pacto es el de la sociedad y el Estado, que se basa en la confianza. Hay sociedades que han trabajado mejor la confianza y otras que la hemos trabajado peor, como en nuestro caso. La confianza está quebrada y debe ser restituida reforzando las instituciones. Es necesario quitar glamur a la política. Cuánto más se bajen los políticos del púlpito y se acerquen a la realidad deliberativa, tolerante y racional, mejor.

En España, el diálogo social se ha mantenido desde hace 40 años con grandes resultados. La democracia es el pluralismo ético, donde 'el otro' es bueno y donde 'todos' somos un conjunto de intereses variados. La falta de pudor político que hay en España no lleva a ningún lado. Hay un desprecio intelectual hacia los sindicatos y las patronales, pero su trabajo durante la Transición ha sido inmejorable.

Eso es el patrimonio social y los CES somos depositarios de ese saber oír, diagnosticar, llegar a acuerdos con resultados tangibles, con una media del 98% de consenso. En los CES se representan los intereses de trabajadores, empresarios, consumidores y agentes sociales y llegamos a acuerdos, porque queremos llegar a acuerdos. Participar en política hoy es heroico y puede provocar que muchas personas valiosas se retraigan. Todo esto hay que reforzarlo y confiar en quien nos representa.

–Germán Barrios: En Castilla y León, el diálogo es fluido, tanto con la sociedad civil organizada, como a través del diálogo social tripartito, una herramienta muy eficaz en la solución de problemas concretos, algo que no sucede en la misma medida en otras regiones. A través de ese diálogo se han aprobado la Renta Garantizada de Ciudadanía y la red de protección a las personas más vulnerables, que han hecho de esta comunidad un buen ejemplo de diálogo social.

El sistema de bienestar se fundamenta en el crecimiento económico. ¿Cuáles son las bases de este futuro crecimiento en nuestro país?

–M. P.: España debe apostar por las personas ya que la riqueza de una nación está en la inteligencia de sus ciudadanos. El 63% de los niños de guardería harán una carrera que aún no existe; por eso, hay que educar a las personas en un mundo que avanza vertiginosamente. Hay que apostar por el conocimiento, en todos los ámbitos, desde 0 a 3 años, hasta en la Universidad y en los centros de I+D, sin perder el tiempo elucubrando sobre las consecuencias de la robotización y de la economía digital, ni pensando cuántos puestos de trabajo se perderán. El futuro será de las personas del hoy y lo gestionarán en base a su inteligencia. El factor humano es estratégico y hay que apostar por ello de manera decidida. También hay que enfocarse a los empresarios, para reforzar su reputación. No vamos a crear empresas rezando. Los empresarios deben tener una reputación social reconocida y ser promovidos socialmente.

–G. B.: Así es. El principal activo de España y de Castilla y León, son las personas y su inteligencia. Hay que abogar por un pacto de Estado en materia de conocimiento, que abarque todos los ámbitos, también a la innovación y el desarrollo tecnológico, fundamentales para ser más productivos. En cuanto a los sectores productivos, en el turístico habría que hacer una revolución a la italiana, no podemos vivir solo de sol y playa. Somos una de las comunidades más ricas en patrimonio cultural y natural y, en cambio, no lo aprovechamos. A la vez, hay que hacer una revolución a la alemana. Tenemos un tejido empresarial muy atomizado en el que el 50% son microempresas. Hay que apostar por la creación de empresas y no poner impedimentos para que crezcan. El tamaño, en las empresas, importa y mucho. En la región solo hay 113 grandes empresas empresas con más de 250 trabajadores y muy pocas empresas medianas. Hay que cambiar ese modelo y ganar en competitividad y productividad a través del conocimiento y cualificación de las personas.

¿Qué pueden hacer los CES para impulsar un pacto de estado para la Educación?

–M. P.: Evidentemente, no se puede hacer una ley que obligue a ser sensatos y al entendimiento. Desde los CES reivindicamos este pacto como algo fundamental, pero siempre que se haga con cabeza, respeto, tolerancia y esfuerzo, que es lo que va en nuestro ADN.

–G. B. Lo primero que se necesita es un consenso basado en mayorías cualificadas entre partidos políticos y agentes económicos y sociales. No podemos tener una ley de educación, en función de quién gobierne. Necesitamos darle un rango especial y que sea estable. Ese pacto de estado debe basarse pilares como la creatividad, pensamiento crítico, capacidad de aprender, comunicación y colaboración. Con respecto a la universidad, hay que buscar una simbiosis entre la excelencia y la transferencia de conocimientos. Hay que educar para innovar, pero también hay que innovar para educar, incorporando a la educación el concepto de empleabilidad y las competencias transversales.

¿Es preciso avanzar más en materia de nuevas tecnologías? ¿Pueden y deben los CES trabajar por la futura relación entre el ser humano y la inteligencia artificial?

–M. P.: Las TICs nos importan, pero es más importante la gestión del presente, que del futuro. El futuro lo hacemos hoy. Trabajamos sobre gobernanza, que debe ser enriquecida y participada por los interlocutores sociales y económicos. No perdamos el tiempo en el entretenimiento adivinatorio de cuántos puestos de trabajo se eliminarán con los robots. Mejor pensemos en cómo gobernamos el presente.

–G. B. La revolución digital es una oportunidad, pero hay que saber gestionarla y gobernarla. Se está creando un sector cuaternario, que es el de la digitalización, que puede suponer una automatización del 55% de los puestos de trabajo. Se van a perder puestos de trabajo manuales, de reponedores y manipuladores, entre otros, pero también se van a crear puestos relacionados con las competencias digitales, con el pensamiento y el conocimiento. Debemos prepararnos fomentando las ciencias STEM, pero sin olvidar que lo primero son las personas. La decisión última es de la persona y esa dimensión ética hay que tenerla en cuenta.

Hay un CES nacional y unos CES autonómicos con realidades sociales y económicas diferentes. ¿Cómo se coordinan para luchar contra los desequilibrios regionales?

–M. P.: La relación entre los CES de España no tiene zonas grises. Es imposible la invasión competencial. España es un estado social de derecho con un pilar básico de constitucionalidad basado en la cohesión social y territorial. El gasto sanitario oscila según comunidades de 1.000 a 1.631 euros por persona y año. La renta mínima varía de 300 a 700 euros, el riesgo de pobreza del 8 al 36% y la media de vida varía de 80 a 84 años entre comunidades. Es obligatorio reforzar las políticas de coordinación, de colaboración, evaluación y los mecanismos codecisión, y en cambio, tendemos a lo contrario. Hay partidos que quieren reformar la Constitución, pero el problema no lo genera la Constitución, lo genera la voluntad y nuestra manera de actuar. Lo primero que hay que hacer es aunar voluntades y eso es imposible partiendo desde la política identitaria. Lo fundamental es la voluntad. Sin ella, es imposible avanzar. España dio un salto espectacular con el estado de las autonomías. Hay que estar satisfechos de este país, que ha hecho bien las cosas en situaciones de gran dificultad.

–G. B.: Los CES sumamos, no competimos. Utilizamos la razón, la reflexión y analizamos los problemas. Nos coordinamos a través del Consejo Económico y Social Nacional y también nos coordinamos entre nosotros. Prueba de ello es la reciente firma del acuerdo por el Corredor Atlántico. La igualdad y la solidaridad son piedras angulares de la democracia, que han hecho que España prospere. La Constitución ha dado el periodo más largo de bienestar de nuestra historia. La mayoría de las comunidades han utilizado el autonomismo útil para dar mejores prestaciones sociales, pero hay también otras comunidades que se han ido al sistema identitario, olvidándose de políticas sociales y solo preocupándose de enarbolar la bandera.

¿Y cómo se coordinan con las instituciones europeas? ¿Qué tiene que decir España en Europa en estos momentos?

–M. P.: En la Unión Europea hay tres desajustes principales, el institucional, el económico y el emocional. La UE no llega al 7% de la población mundial y en cambio tiene el 50% del gasto social mundial. Es para estar orgullosos y habría que mantenerlo. El desarrollo económico debe conllevar un desarrollo social. La centralización de lo social es una de nuestras reivindicaciones, así como la gobernanza participada con un protagonismo real para empresarios y trabajadores.

–G. B.: La historia de Europa es una historia joven y de éxito y los que se están saliendo de Europa, ya sólo con el anuncio de hacerlo, pierden riqueza. En un mundo cada vez más globalizado, hay que tener alianzas. Debemos de estar orgullosos de estar en Europa. Nos queda pendiente avanzar en armonización fiscal, en un presupuesto social europeo, hay que recuperar el sentimiento europeísta y reforzar las instituciones. España mejora cuando se abre a Europa y abandonamos la autarquía.