España activa las ayudas a empresas ante la dureza de la crisis

Este mismo viernes, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado notificar a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas Administraciones. Es un paso imprescindible, según apuntan fuentes del Ministerio, para que la Unión Europea conozca y autorice esta nueva inyección de dinero. Porque para la puesta en marcha de las ayudas del marco español será necesaria la aprobación por parte de la Comisión Europea.

En principio, la intención del Gobierno es acelerar «todo lo posible» este proceso de autorización para poder establecer el nuevo marco nacional cuanto antes para proteger un tejido productivo que clamaba por recibir fondos con los que sostener sus negocios. Aunque el Ejecutivo sigue sin aclarar qué tipo de ayudas aprobará, el Ministerio de Economía aclara que trabaja en medidas para «aliviar la carga financiera» de autónomos y empresas, así como para «reforzar la solvencia de negocios viables«.

Este nuevo paso llega una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado. En ese procedimiento, Bruselas modificó el Marco Temporal de Ayudas permitido por la UE a los Estados miembro: amplió hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de que cada país inyecte dinero en su sector productivo y relajó algunas condiciones para hacerlo. Este nuevo Marco incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Fuentes gubernamentales aclaran que las ayudas se pueden dar «de muchas formas» y a través de «diferentes instituciones».

Hasta ahora, las únicas medidas directas de apoyo habían llegado de la mano de las comunidades autónomas. Pero se trata de planes muy específicos, para sectores determinados y en muchos casos todavía son anuncios que no se han materializado en líneas concretas de normas oficiales.

España se había quedado rezagada del resto de países comunitarios a la hora de aprobar ayudas directas a las empresas. Hasta hace pocas semanas, el Gobierno estimaba que los ERTE -con un gasto de 40.000 millones de euros hasta el próximo mes de mayo, cuando expira el sistema actual-, así como los avales del ICO -con más de 115.000 millones-, las prestaciones por cese de actividad o las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social suponían un escudo suficiente.

Sin embargo, la crisis sigue azotando a la economía española más de lo previsto en este inicio de año. La tercera ola del coronavirus -que llegó a su máxima expresión la semana pasada- ha provocado numerosos cierres de actividad y limitaciones económica que han supuesto un jarro de agua fría para muchos pequeños empresarios. Además, los retrasos en la vacunación, provocado por las fricciones entre la UE y Astrazeneca, también han revelado que el proceso de inmunización no será tan rápido como se creía inicialmente. Incluso el Banco de España advertía esta semana de que la recuperación no comenzará hasta el segundo trimestre de 2021.

Con estos vistos, después de casi un año con una crisis que España no conocía desde la Guerra Civil, muchas empresas venían alertando de que no podían aguantar más la presión de un paría cuasi-paralizado en muchos de los territorios. Y miraban a ejemplos como los de Alemania, Italia o Francia, donde sus gobiernos han ofrecido ayudas directas a muchos sectores de actividad para hacer frente a esta situación.

El último informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre estas actuaciones de subvención directa cuantificaba en un 1,5% el porcentaje de gasto público sobre PIB realizado por España en la crisis, frente a la media del 5% de la zona euro. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esa cifra se encuentra distorsionada al no incluir los ERTE o los ICO, entre otras medidas tomadas durante 2020. Ahora, Economía sostiene que «este nuevo marco se sumará a las medidas adoptadas hasta el momento, que han supuesto ayudas por encima del 20% del PIB (más del 5% en ayudas directas de impacto presupuestario y un 15% en medidas de liquidez), y que están permitiendo mantener la actividad económica».

De hecho, considera que el volumen de ayudas directas activadas en España «está entre los más elevados de los grandes países de la UE», según refleja, entre otros, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, Economía recuerda que el Gobierno tomó medidas para que las comunidades autónomas contaran con la mayor financiación de su historia, lo que les ha permitido tener margen presupuestario para combatir la pandemia y aprobar ayudas para autónomos y pymes. Por un lado, el Gobierno blindó el sistema de financiación y fijó unas entregas a cuenta que no recogieron la caída de la recaudación. Y aprobó el Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros, la mayor transferencia jamás aprobada al margen del modelo de financiación.

Para el ejercicio en curso, el Gobierno ya ha comunicado que fijará una transferencia extraordinaria de 13.400 millones de euros y, además, las comunidades autónomas contarán con recursos de los fondos europeos. En este sentido, el Gobierno ya ha informado del reparto a las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros del Fondo REACT, que servirán para reforzar el sistema sanitario y también para impulsar un crecimiento económico más sostenible.

Además de las ayudas públicas directas, se han adoptado medidas como las moratorias en el pago de créditos hipotecarios y sin garantía hipotecaria, cuya extensión a nueve meses se aprobó el pasado 2 de febrero, tras la modificación del marco regulatorio por parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Estas moratorias han permitido que más de 1,3 millones entre familias, autónomos y empresas de los sectores del turismo y transporte hayan podido aplazar el plago de sus préstamos.

Finalmente, el pasado mes de noviembre se aprobó la extensión del periodo de carencia y del plazo de amortización de las Líneas de Avales del ICO, con el objetivo de que las empresas y autónomos dispongan de mayor margen para recuperar su actividad económica. Con ese cambio, se amplió el periodo de carencia hasta 24 meses y el plazo de devolución de los préstamos hasta ocho años.

También con el objetivo de aliviar la carga financiera de las empresas y autónomos, se aprobaron medidas para el aplazamiento de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y se estableció un marco de actuación para la flexibilización en el pago de las rentas de alquileres, tanto particulares como de locales comerciales.

A todas estas medidas se suman las ayudas directas concedidas por comunidades autónomas y ayuntamientos, adaptadas a la situación específica y las restricciones de cada territorio en respuesta a la pandemia.