Los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga durante seis días en pleno comienzo de la temporada veraniega. Los sindicatos USO y Sitcpla anunciaron este lunes la convocatoria de seis días de paro los próximos 24, 25, 26 y 30 de junio, así ... como el 1 y 2 de julio.
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Los trabajadores denuncian que a día de hoy no han conseguido firmar su primer convenio colectivo con la aerolínea, por lo que aseguran que «Ryanair ha forzado esta huelga» para que se les obligue a «cumplir con la aplicación de los derechos laborales básicos y las sentencias judiciales», explican desde los sindicatos que este lunes dieron una rueda de prensa en Madrid para anunciar las movilizaciones.
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Actualmente trabajan en Ryanair aproximadamente 1.200 tripulantes de cabina (denominados TCP), que llevaban negociando desde hace ocho meses el primer convenio colectivo con la empresa, pero aseguran que la aerolínea «se ha levantado de la mesa» tras llegar a un acuerdo con CC OO -sindicato sin implantación entre el personal de vuelo de la compañía, aseguran desde USO- y tras el anuncio de estas movilizaciones.
La secretaria general de la sección sindical de USO en Ryanair, Lidia Arasanz, señaló que los tripulantes de la aerolínea siguen siendo «trabajadores de tercera» porque sus derechos «siguen sin respetarse». Los representantes de estos trabajadores aseguran que Ryanair no tiene ningún convenio colectivo en ninguno de los países donde opera. Tiene acuerdos puntuales en algunos países como Bélgica, Italia o Portugal, pero «que ni siquiera llegan a cumplir», denuncian. «Ryanair tiene problemas en todas partes y con todos los colectivos de trabajadores porque incumple todo lo que firma», aseguran, en referencia a las condiciones de los pilotos de la aerolínea que, en principio, no se sumarán a la huelga.
La empresa ha firmado un acuerdo con «condiciones precarias» de los TCP con CC OO (Comisiones Obreras), sindicato mayoritario entre muchos colectivos, pero no entre el personal de vuelo de Ryanair ni de ninguna aerolínea, denuncian los sindicatos convocantes. Este acuerdo incluye puntos como el aumento salarial de 1.000 euros en 2022 y de 800 para 2023, pero según USO esto ya se incluye en la sentencia ganada en la Audiencia Nacional que anula los recortes salariales aplicados «ilegalmente» al principio de la pandemia.
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Las huelgas se llevarán a cabo en sus diez bases en España (Madrid, Málaga, Barcelona, alicante, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia, Girona, Santiago de Compostela e Ibiza) y serán de 24 horas los días indicados. Aún no se sabe cuáles serán los servicios mínimos a los que se verán obligados. Y no descartan tener que convocar más jornadas de paros este verano si el problema continúa, tanto en España como en más países europeos.
Hay que tener en cuenta que los TCP aún no tienen derecho a los 22 días laborales de vacaciones anuales con los que cuentan todos los trabajadores en España, ni los 14 festivos nacionales. Es decir, Ryanair sigue sin aplicar la legislación laboral española, critican ambos sindicatos, que además indican que la compañía «obstaculiza» el acceso a los derechos de reducción de jornada por cuidados de familiares y que los trabajadores siguen sin recibir su nómina en castellano.
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Por la parte de los pasajeros afectados, desde Facua recuerdan que se tiene derecho a compensaciones de «al menos 250 euros» y a la devolución del importe del billete y de los gastos que pudieran haber tenido que hacer frente si su vuelo resulta cancelado, según el artículo 7 del reglamento europeo 261/2004.
La asociación también recuerda a la aerolínea que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril de 2018 determinó que una huelga de trabajadores no se considera dentro del concepto «circunstancias extraordinarias» -que exime de entregar las cantidades- por lo que la compañía tampoco puede negarse a las compensaciones que se le exijan.
Como excepciones, la aerolínea no debe entregar dichas compensaciones si informa a los usuarios de la cancelación «al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista» o «se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista».
En cualquier caso, FACUA también señala que los afectados por las posibles cancelaciones siempre tendrán derecho al reembolso integro del billete «en siete días», o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.
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