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Dos décadas después de quedar completamente privatizada, Telefónica puede volver a tener una participación del Estado en su capital si sale adelante la intención que ya ha mostrado oficialmente el Gobierno para adquirir un paquete de acciones con el que pueda ejercer un contrapeso al ... poder que tiene el grupo saudí STC tras adquirir un 9,9% a principios de septiembre. Y lo hace básicamente para «mantener la españolidad», según fuentes del Ejecutivo, de una compañía que es estratégica desde el punto de vista geoeconómico por los negocios sensibles en tecnología o defensa de los que dispone Telefónica.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una especie de brazo inversor del Estado en el que se aglutinan las propiedades estatales en diferentes tipos de empresas tanto públicas como privadas, ha confirmado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está valorando comprar una participación en Telefónica. La sociedad, dependiente del Ministerio de Hacienda, asegura que viene «monitorizando» la situación de la operadora española y que está llevando a cabo un «análisis exploratorio interno» relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en Telefónica.
En cualquier caso, no hay nada cerrado y el comunicado no aclara qué tipo de participación tendrá, en qué condiciones y si hay más socioes incluidos en esta operación. «Dicho análisis por parte de SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición», concluye el comunicado, en el que no especifica el porcentaje que valora adquirir. Hasta ahora, los grandes propietarios de Telefónica son BBVA (con un 4,9%), CaixaBank (3,5%) y BlackRock (4,5%).
El anuncio llega apenas 24 horas después de que Telefónica se disparase en Bolsa este lunes (cerró con un alza superior al 1% aunque en algunos momentos de la sesión llegó a repuntar casi un 3%) después de que una informacion de El Confidencial apuntara a la posibilidad de que se estuviera planteando la posibilidad conformar una participación de hasta el 5% en el accionariado junto a otros grupos inversores españoles a los que habría tanteado para realizar este asalto público.
Si fuera así, el Gobierno estaría obligado a movilizar unos 1.000 millones de euros para hacerse con ese porcentaje del paquete accionarial, según la capitalización bursátil de Telefónica este martes. Los títulos de la operadora vuelven a subir en este inicio de sesión aunque lo hacen de forma más calmada que ayer con un alza del 0,5%.
Aunque ayer mismo el mutismo en Moncloa fue total. Diversas fuentes apuntaban a este diario que no era posible realizar declaraciones ante la «sensibilidad bursátil» que provocan este tipo de movimientos y especulaciones en la acción de la compañía, que en cualquier caso, respondió al alza.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, se limitó a indicar el carácter estratégico de Telefónica para España y evitó pronunciarse sobre la posible entrada de la SEPI. «Es una empresa estratégica para España por su papel en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en el ámbito de la defensa. No vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa relevancia estratégica de la misma», subrayó Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El movimiento llega dos meses después de que el grupo saudí STC desembarcara en Telefónica con una adquisición del 9,9% del capital, el máximo que le permite la ley para no tener que lanzar una OPA sobre la compañía. Tras conocer el hecho relevante de este martes remitido por la SEPI a la CNMV, desde STC no realizan ninguna declaración al respecto.
El grupo saudí sigue pendiente de completar el proceso por el que el Ministerio de Defensa, y después el Consejo de Ministros, debe pedir una autorización especial para entrar en Telefónica al tratarse de una empresa con intereses nacionales en materia de defensa y tecnología, con numerosos contratos sensibles con empresas de estos sectores claves para mantener la estabilidad estratégica del país.
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