La primera aparición pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras superar el covid que le ha afectado en la última semana, ha servido para que se pronuncie sobre la entrada de Arabia Saudí en el accionariado de Telefónica al apuntar que España «cuenta con ... los mecanismos para ejercer los controles» necesarios ante la adquisición del 9,9% del capital de la operadora por parte de STC, para que «en todo momento esté a salvo la defensa y seguridad nacional».
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El discurso de Sánchez ante la CEOE, en un evento de la Presidencia española de la Unión, ha servido al presidente del Gobierno para anticipar que «estamos analizando la operación» y que «cualquier inversión extranjera no trascienda los límites indebidos en empresas estratégicas» como Telefónica. La vía con la que cuenta Moncloa para condicionar la operación pasa por demostrar los intereses que tiene Telefónica en defensa a través de distintos convenios. El escudo 'antiopas' -la ley que habilita al Gobierno paralizar una compra de estas características- permite al Ejecutivo paralizar una compra de estas características- permite al Ejecutivo parar una adquisición si supera el 5% del capital si median negocios en materia de defensa.
Sánchez ha defendido que esa normativa es «de las más rigurosas de Europa». «La reformamos en la pandemia, y también este verano dotándonos de más instrumentos que refuerzan los mecanismos de control de forma alienada y coherente con las directrices de la UE», ha indicado. Aunque la realidad es que ese cambio de última hora -aprobado poco antes de las elecciones generales- abría la puerta a que no fuera necesaria una autorización del Ejecutivo ante compras como la del 9,9% de Telefónica que ha hecho STC, siempre que la compañía extranjera no tenga intención de formar parte del consejo de la firma de la que va a comprar su capital. El decreto previo al 23-J aclaraba que si esa era la voluntad del comprador «deberá acompañar dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada».
En cualquier caso, Sánchez también se ha felicitado por «el interés de los grandes inversores por nuestras empresas» porque, a su juicio, «siempre es una buena noticia por la inyección de recursos en nuestra economía».
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