Repsol gana un 14% más pese a la caída del petróleo y mejora la retribución a los accionistas

Repsol, la primera petrolera de España, obtuvo un beneficio neto de 1.626 millones de euros en los seis primeros meses del año, según las cuentas presentadas este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que significa un 14,5% más que el año pasado. Y ello pese a obtener menores márgenes de refino que en los años de la crisis energética y en un contexto marcado por los bajos precios del gas. De hecho, el resultado neto ajustado, que mide la marcha de los negocios de forma más precisa, fue de 2.126 millones, casi un 22% inferior que en los seis primeros meses de 2023.

La energética quiere destinar los mayores beneficios a seguir avanzando en su política de remuneración a sus accionistas y anunció en un comunicado un segundo programa de recompra de acciones para la segunda mitad del año. Con 1.128 millones de euros comprometidos como dividendo en efectivo en 2025, la compañía distribuirá a sus accionistas 0,975 euros por acción en 2025, lo que representa un 8% más.

Este año Repsol distribuyó un dividendo en efectivo de 0,90 euros por acción, 0,40 euros por acción en enero y 0,50 euros en julio. Esto representa un incremento cercano al 30% respecto a la remuneración de 2023.

Adicionalmente, la compañía amortizó 40 millones de acciones propias el 12 de julio de 2024, finalizando de esta forma la primera reducción de capital de 2024. Desde 2022, la compañía ha amortizado 350 millones de acciones, un 22,9% del capital social a 31 de diciembre de 2021.

El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, insistió durante la conferencia con analistas en que «hay motivos para pensar» que el gravamen especial para las energéticas y banca creado hace dos años por el Gobierno «está empezando a ser cosa del pasado». Así, el ejecutivo se reafirmó en su posición del «impuestazo» por ser «injusto e ilegal» y aseguró que desde finales del año pasado ya se perciben señales, tanto desde Bruselas como a nivel político en España, de que «no hay razón» para mantener este gravamen, ya que la prioridad debe ser la inversión en la transición energética. En este sentido, Imaz dejó en el aire su previsión de inversión en los próximos años, ya que dependerá del «devenir de los acontecimientos sobre el gravamen especial».

Sin embargo, la intención del Gobierno es ampliar el impuesto que fue establecido para 2022 y 2023 (grava con un 1,2% las ventas de las energéticas que ingresen más de 1.000 millones al año), aunque reconvirtiéndolo para las energéticas con un incentivo a la inversión que pudiera reducir la factura final de los gravámenes. No obstante, el futuro de la prolongación del impuesto, recurrido por vía judicial por las energéticas, está actualmente en el aire ante la incertidumbre sobre los Presupuestos de 2025.

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