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La Comisión de Contratación de FAE ha solicitado nuevas reuniones con las Administraciones para exponer las dificultades de las empresas para la ejecución de los contratos públicos. En este sentido, las factorías consideran insuficiente el Real Decreto Ley 3/22 de 1 de marzo, y ... solicita se revisen los precios de todos los contratos como ya se hace en otras Comunidades.
Esta situación viene derivada de la situación que están atravesando algunas empresas burgalesas, tanto del sector de la construcción como de servicios y suministros, como consecuencia de la elevación de precios y la escasez de ciertas materias primas.
Ese es el motivo que ha llevado a la Comisión de Contratación de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) a solicitar, de nuevo, diferentes reuniones con los responsables de las Administraciones Públicas, a los que tratarán de explicar la compleja situación por la que atraviesan las empresas que deben licitar o mantener los contratos públicos bajo unas condiciones económicas extraordinariamente adversas y, sobre todo, radicalmente distintas a las que existían cuando resultaron adjudicatarias, circunstancia que afecta a todo el tejido productivo de forma intersectorial.
De esta forma, la Comisión solicitará, además, seguir el ejemplo de Comunidades Autónomas como Extremadura, Baleares y Galicia, entre otras, que se han mostrado sensibles, con su propia normativa, al nuevo escenario en el que deben operar las empresas licitadoras y adjudicatarias.
En este sentido, y con el objetivo de que ayuntamientos, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y Gobierno central se pongan en situación sobre este tema, la Comisión ha vuelto a solicitar reuniones con diferentes Administraciones, la primera de las cuales tendrá lugar mañana, con la Junta de Castilla y León y, la segunda, el próximo 26 de mayo, con el Ayuntamiento de Burgos.
El objetivo de la Comisión es apoyar a las empresas burgalesas que optan y mantienen contratos con el sector público, identificando las dificultades con las que se encuentran y generando propuestas de mejora que resulten de utilidad para todas las partes involucradas en este tipo de operaciones.
Una parte fundamental de la acción de la Comisión es mantener un diálogo permanente y fluido con las distintas entidades del sector público, abogando por que efectivamente velen por la eficiencia en los procesos; favorezcan la agilización de trámites; valoren la incorporación de la I+D como un aspecto positivo, y promuevan la participación de las pymes y el acceso sin coste a la información, tal y como dispone la Ley de Contratos del Sector Público.
Igualmente, esta comisión trabaja para procurar que se modifique la tendencia de las Administraciones de confundir la oferta más ventajosa con la más barata.
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