Los laboristas británicos nacionalizarían parte de Iberdrola

En la estimación del precio de las redes de transmisión y distribución de las compañías privadas que hoy operan en el mercado británico, el Parlamento tendría que reducir, según la propuesta de los laboristas, los subsidios recibidos del Estado desde la privatización, el déficit que exista en los fondos de pensiones para empleados de las empresas y los ingresos obtenidos por ventas de activos.

La generación de energía no sería afectada por la nacionalización, solo la transmisión y la distribución. Scottish Power heredó la infraestructura de la red escocesa en el centro y sur de la región y a través de SP Networks tiene también una red de distribución en el norte de Gales y noroeste de Inglaterra, en torno a Liverpool. Está uniendo las dos regiones con un cable submarino, en un proyecto con una inversión de unos 1.200 millones de euros.

La importancia de la red para el negocio de Scottish Power se ilustra en que, en su plan de inversiones, 2018-22, actualmente en curso, 2.750 millones de euros se destinan a la generación de energía renovable- SP quiere alcanzar el objetivo de 100% renovable muy pronto- y 2.900 en la mejora de redes inteligentes. Es en la transmisión donde el sector privatizado ha obtenido sus mejores márgenes.

La privatización gradual del suministro eléctrico en los años ochenta y noventa ha llevado a una estructura con varias empresas generadoras, la espina dorsal de National Grid (red nacional), acompañada de las dos escocesas y una norirlandesa, que replican la vieja estructura pública, 14 empresas regionales distribuidoras (dos de ellas de SP) y una variedad de compañías suministradoras.

Según el documento laborista, 'Bringing Energy Home' (Trayendo la Energía a Casa), que puede descargarse en la cuenta de Twitter de Rebecca Long-Bailey, responsable laborista de Industria y Energía, y mencionada a menudo como futura líder, los márgenes de beneficios de las empresas de transmisión y distribución han superado el 30%. Son cálculos de una Unidad de Inteligencia para la Energía y el Clima (ECIU), promovida por personalidades de ideologías políticas variadas.

La Asociación de Redes de Energía (ENA), que agrupa a las empresas del sector, ha afirmado en el pasado que esas cifras son erróneas y ha respondido con aspereza a la publicación de la propuesta laborista. Su director general David Smith ha dicho que «estas propuestas no lograrían los objetivos de los laboristas y serían además extraordinariamente costosas para la población británica».

Según Smith, las seis empresas propietarias de las redes de transmisión y distribución han invertido en los últimos seis años un 2% del total de la inversión anual en Reino Unido. Y ha añadido que, «desde la privatización, los costes de la red se han reducido un 17% para el cliente». Se habrían reducido también los cortes y su duración.

La propuesta laborista se basa en una crítica popular a las tres industrias (suministro de electricidad, de agua y transporte por ferrocarril) por los precios y porque operan con monopolios naturales- la red, las tuberías, las vías- de tal modo que el regulador decide realmente los beneficios de las empresas. En el caso de la electricidad, sí existe una gran disputa entre compañías suministradoras para captar clientes.

Según el documento del principal partido de la oposición, que sería el más votado según sondeos recientes, se preservaría la generación privada de gas y electricidad, se crearían una agencia nacional de energía, agencias regionales y compañías municipales, en una estructura que solo sería burocrática al principio porque se ocuparía inmediatamente de atraer a su gestión a los ciudadanos-clientes.

En la política británica del momento todo parece posible. Los sondeos dicen que hay un fuerte apoyo entre el público- entre los votantes al 'brexit', por ejemplo - en favor de nacionalizar las tres industrias. No parece probable que los laboristas tuviesen hoy una mayoría suficiente. Y, si tuvieran que entenderse con el Partido Nacional Escocés, su líder, Nicola Sturgeon, tendría su opinión sobre el futuro, al menos el de los activos escoceses.