Una juez cita como investigada a Plus Ultra para aclarar la ayuda del Gobierno

La acusación popular en este procedimiento, ejercida por Vox, PP y Manos Limpias, había reclamado la comparecencia del representante legal de la aerolínea y la instructora ha aceptado su interrogatorio después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado, y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), presentaran sus conclusiones el pasado 29 de marzo.

Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos, los expertos mostraron sus sospechas de que parte de la subvención concedida por el Gobierno se destinaron a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA), una deuda con la sociedad estatal. Mientras que los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se pagó a un proveedor.

Desde Plus Ultra confirmaron que durante el careo se abordó el pago a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones». La empresa subrayó, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistieron en que este «problema» afecta a las aerolíneas que vuelan a Venezuela.

Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que «lo habitual» en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.

Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Ahora será el turno de Plus Ultra, que deberá acudir al juzgado el 15 de junio.