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A pesar de ser uno de los directivos más exitosos del Ibex-35, la salida de Pablo Isla de Inditex no supondrá igualar las enormes indemnizaciones a las que el mercado se ha acostumbrado en las últimas décadas, especialmente desde el sector bancario. Pero si ... se suma su participación total en el gigante textil, la cifra de lo que podría exprimir en el proceso supera los 70 millones de euros.
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Para empezar, el directivo cuenta con 9,025 millones de euros acumulados en su sistema de ahorro a largo plazo, según se detalla en el último informe de remuneraciones de la compañía, correspondiente a 2020. Una cifra que previsiblemente se mantenga en ese entorno, teniendo en cuenta que, tal y como queda constatado en el documento, la empresa no ha realizado aportaciones en los últimos años.
Además, Isla ha ido acumulando acciones de la empresa en el nuevo plan de incentivos planteado en 2019. Según los documentos remitidos a la CNMV, el directivo ya habría percibido 161.361 títulos de un primer ciclo y otros 120.172 del segundo.
Un total de 281.533 acciones que a precios del cierre del martes (27,8 euros), estarían valoradas en 7,8 millones de euros. Según consta en los registros de la CNMV, Pablo Isla acumula un 0,073% de derechos de voto en Inditex (0,064% en derechos de voto directo más 0,009% a través de instrumentos financieros), lo que correspondería a un total de 2,2 millones de acciones. Es decir, todos los títulos actualmente en su poder tendrían una valoración conjunta de 61 millones de euros.
Con estas cifras sobre la mesa, el todavía presidente de Inditex sumaría 70 millones entre lo que acumula en su plan de pensiones y la valoración de las acciones que, en todo caso, no tiene por qué vender.
Menos generosa sería la indemnización percibida por el directivo si se compara con otros del Ibex-35. En concreto, la política de la compañía establece que esta indemnización ascenderá a un «importe equivalente a dos anualidades calculada sobre sus retribuciones fijas establecidas para el año en curso». Aunque de estas, un año sería como compensación por la obligación de no competencia. En caso de cumplir los requisitos -hay dudas al entenderse que su salida es una renuncia- hay que tener en cuenta que en 2020, últimos datos públicos disponibles, Isla cobró 3,25 millones de euros. A esa cifra habría que sumar otos 2,53 millones de retribución variable. a
En total, 5,88 millones de euros de remuneración en metálico que, previsiblemente, sean mayores este 2021 en el que la compañía ha superado con holgura los resultados de un 2020 marcado por el cierre de las tiendas durante los peores meses de la pandemia. Si solo se tiene en cuenta la retribución fija (con datos de 2020), la indemnización rondaría los 6,4 millones de euros por esta parte.
Hay que tener en cuenta que los cálculos están hechos a los precios actuales de la cotización de Inditex, y pueden variar mucho de aquí al próximo mes de abril, cuando Marta Ortega le sustituya de manera oficial en la presidencia. Un movimiento que, además, deja la puerta abierta a un posible cambio en la política de retribución actual de la compañía, pues la hija de Amancio Ortega ascenderá al cargo sin poderes ejecutivos, que sí tendrá el nuevo consejero delegado Óscar García Maceiras. El pasado año, Carlos Crespo cobró 2,7 millones de euros en ese cargo.
Al margen de la indemnización final que perciba, lo cierto es que Pablo Isla deja tras de sí un camino en el que ha convertido a Inditex en la mayor empresa española por capitalización bursátil. Su futuro es aún una incógnita, aunque los inversores dan por hecho que en el Ibex y en otros mercados europeos se lo están rifando para contar con él. Sobre todo tras una salida que, según indican los analistas consultados, se ha producido mucho antes de lo que habría querido el propio directivo.
«En los próximos meses voy a estar centrado en asegurar la transición. Después, ya veremos», aseguraba el directivo en una rueda de prensa este martes. Lo único certero es que su destino no podrá estar ligado al sector textil al menos hasta abril de 2024, tal y como establece la 'ley' corporativa de la empresa, que establece que «el consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo no podrá prestar servicios en otra entidad que tenga un objeto social análogo al de la Sociedad durante el plazo de dos años».
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