La subida de costes aflora la elevada morosidad de las pymes españolas

La morosidad es un «grave problema» para las empresas, sobre todo las de menor tamaño, porque pone en riesgo su liquidez y «compromete su viabilidad», aseguran desde la confederación. Y es que como sus opciones para acceder a la financiación son más limitadas, se hace más probable que los problemas de liquidez terminen suponiendo problemas de solvencia.

En este sentido, la demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas medianas y pequeñas y que sufren más la morosidad por tener concentrada su base de clientes. Y todo ello en un contexto muy complicado en el que la rentabilidad de las pymes se sitúa casi un 20% por debajo de los niveles prepandemia.

Según Cepyme, la desaceleración de la recuperación de la economía y el adverso impacto de la inflación sobre las cuentas siguen afectando negativamente. La tasa de retrasos en los pagos se sitúa en niveles de 2018, lo que tiene un «doble coste» para las empresas: por un lado, la dificultad de financiación para cubrir la demora en el pago y, por otro, los intereses de demora exigidos, que estiman sean de 1.800 millones para este periodo teniendo en cuenta un retraso medio en el pago de 23,9 días y un interés legal de demora del 8%.

Los datos revelan que el periodo medio de pago se ha disparado hasta los 83,9 días, frente a los ya elevados 81,4 del trimestre anterior. Los empresarios lo achacan a la desaceleración económica por la escalada de precios y a las consecuencias del conflicto de Ucrania.

Por ramas de actividad, las de construcción y las del sector textil son las que acumulan los mayores retrasos en el pago, alcanzando de media los 98,4 y 90,4 días, respectivamente. Pero donde más ha empeorado la situación es en la industria agroalimentaria, que en el primer trimestre sumó más de 8 días a la ya de por sí elevada tasa de morosidad, hasta los 80,7 de media, debido a los problemas en las cadenas de suministro mundiales.

Además, según Cepyme las empresas «no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus costes a los precios para cliente final, lo que se traduce en una tesorería menguante, lo que afecta a la capacidad de pago a los proveedores». Así, cada vez más empresas están negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos de pago.

Sus previsiones no son optimistas: consideran que las tensiones en los precios energéticos se mantendrán, al menos, hasta la próxima primavera. Y como la subida de la energía ha supuesto un alza generalizado del resto de costes, hay una presión adicional sobre los márgenes empresariales que aumenta el riesgo de impago o de retrasos para hacer frente a las obligaciones en los próximos meses.

Todo ello en un contexto presidido por la incertidumbre y en el que los bancos centrales se muestran decididos a frenar la inflación con subidas de tipos de interés. «Los costes de financiación subirán y las condiciones para acceder a dicha financiación serán más duras, lo que tensionará la tesorería», señalan.

Y lejos de mejorar, la situación puede empeorar en la segunda mitad del año por «el vencimiento de los créditos ICO y la reducción de fondos de las ayudas europeas, lo que sumado a un contexto de menor consumo de las familias por la subida de tipos y la inflación a doble dígito, hará aumentar la morosidad que probablemente afectará más a las pymes», explica Julián Villalba, director financiero de Trinios.

El experto indica que la ratio de deuda, que mide las ventas no cobradas sobre el total facturado por las pymes, ha crecido progresivamente en los últimos cinco meses, pasando del 30% en febrero, cuando comenzó la guerra, al 33% en junio.