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Iberia y Vueling han solicitado 1.010 millones de euros de financiación para hacer frente al impacto del coronavirus en sus cuentas. Según han comunicado las dos aerolíneas que forman parte del grupo IAG a la CNMV, pedirán 750 y 260 millones de ... euros, respectivamente, con aval del ICO (Instituto de Crédito Oficial) para «mitigar el impacto» de la Covid-19.
Las aerolíneas, que sufren el desplome del tráfico aéreo por el cierre de fronteras que ha supuesto la pandemia, solicitarán estos créditos a sus bancos y éstos al ICO sendos avales para su concesión. Estos contratos de financiación tienen una duración de 5 años, con fecha de amortización el 30 de abril de 2023, aunque Iberia y Vueling pueden proceder a su repago en cualquier momento, previa notificación, aclara IAG en su nota a la CNMV.
Estos contratos, al estar avalados por el Estado a través del ICO, incluyen obligaciones no financieras para proteger la posición de las entidades financiadoras, entre las que se incluyen restricciones a la distribución de fondos a favor de socios directos o indirectos.
Esta petición de ayuda se da después de que la matriz IAG anticipara unas pérdidas de 535 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que contrasta en gran medida con los beneficios de 135 millones que registró en el mismo periodo de 2019.
Al ser preguntada por este asunto, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló en rueda de prensa que los gobiernos de la UE están estudiando cómo dar una respuesta «lo más coordinada posible» al sector del transporte aéreo, uno de los más damnificados por la crisis, y que la Comisión Europea está realizando consultas para preparar un marco legal que cubra las ayudas públicas a las compañías.
Calviño destacó que la situación financiera de las aerolíneas europeas antes de la crisis no era homogénea, por lo que las soluciones no van a ser las mismas para cada aerolínea. Por ello, las que tengan más problemas están legitimadas para acudir a la financiación avalada por el ICO, que aunque está siendo más solicitada por pymes y autónomos, también está pensada para «minimizar» el riesgo de cierre de grandes empresas y que esto tenga un «impacto más estructural en la economía«.
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