La gran industria pagará menos por la electricidad que consume

De hecho, la norma estaba pendiente de aprobación desde abril de 2019, fue presentada en febrero de este año, justo antes del estado de alarma, y quedó en el cajón hasta ahora. La cuestión ha sido clave en muchas comunidades autónomas, cuyas industrias exigen un recorte de los gastos energéticos para poder competir con el resto de Europa. El caso de Alcoa, con sus conatos de cierre y el ERE alegando elevados costes eléctricos, ha sido paradigmático en este sentido durante muchos meses.

El Estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional (al disminuir el diferencial del precio que pagan por la luz respecto con competidores de otros países como Francia o Alemania), «todo ello de conformidad con la normativa comunitaria», según el Ministerio de Industria.

La principal medida pasa por compensar a estas industrias hasta un 85% de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (financiados al 50 % con cargo al recibo y a los Presupuestos de Estado) Además, el Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos, con el fin de fomentar la contratación bilateral a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) del suministro.

En febrero de este año, antes de que la pandemia se desatara, se anunció el Estatuto Electrointensivo, que, según informó entonces el Gobierno, permitiría el ahorro de 90 millones para estas empresas sólo por bonificación del 85% los cargos en su factura. Sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), el apoyo a la industria electrointensiva superaría los 262 millones.

En total, beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores, y, junto con las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 (dióxido de carbono) y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, «supondrá un nuevo marco legal al servicio de la gran industria».

Para optar a las ayudas previstas en el Estatuto, las empresas deberán asumir obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo anual deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas valle (las más baratas del día) representar, al menos, el 50 % del total.

El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que deberá ser solicitado la empresa, ha informado el departamento en un comunicado.