Más de 1.100 empresas aparecerán en la 'lista negra' de la Seguridad Social

La fecha aún es incierta, pero será previsiblemente en los próximos meses, puesto que antes tienen que modificar la normativa de la Ley General de la Seguridad Social -que establece la discrecionalidad de los datos- para poder hacer públicas esas más de 1.100 de empresas morosas, algo que pretenden incluir en la Ley General de Presupuestos de 2019. Así lo anunció este lunes en rueda de prensa el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TSGG), Javier Aibar. No obstante, en el caso de que no se llegaran a aprobarse las cuentas para el próximo año -algo que parece muy probable-, una de las opciones que se barajan sería hacerlo a través de un Real Decreto, tal y como apuntó.

Y es que en la actualidad hay más de 1.100 millones de sujetos de obligado pago con deudas pendientes por valor de más de un millón de euros, en su inmensa mayoría empresas, porque apenas hay deudores de ese importe que sean autónomos, según precisó Aibar. Además, explicó que antes de hacer públicos esos nombres, la Tesorería se dirigirá personalmente a los interesados para darles la posibilidad de que salden su deuda o presenten las alegaciones pertinentes para evitar así salir en la 'lista negra', tal y como hace también Hacienda. De no ser así, aparecerán señalados como los morosos del sistema, algo que repercute directamente en el déficit de las pensiones. De hecho, con el pago de esa deuda de casi 4.500 millones de euros podría evitarse extraer esos 3.000 millones de la 'hucha' que el Gobierno ha confirmado que sacará del fondo de reserva para abonar la extra de diciembre y todavía sobrarían otros 1.500 millones.

Pese a que no está cerrado cómo funcionará esta lista, Aibar matizó que será homologable a la que publica la Agencia Tributaria, por lo que tendrá «regularidad en el tiempo», ya que busca ser «una medida ejemplarizante». Por otro lado, podría ser que se incluyera además de los nombres de las compañías los de sus administradores, como sucede en Hacienda. De igual manera, cabría la posibilidad de que la cuantía se rebajara por debajo del millón de euros, de nuevo a semejanza de la de la Agencia Tributaria, que estudia reducir el umbral a los 600.000 euros.

Esto podría servir para rebajar aún más la tasa de morosidad del sistema, que se estima se reduzca a final del año hasta el 1%, frente al 1,07% en 2017. Se trataría, por tanto, del nivel más bajo de la última década y estaría muy cerca de su mínimo histórico, que se situó en el 0,96% antes de la crisis. «Esto quiere decir que de cada 100 euros que recauda la Seguridad Social, solo hay que reclamar uno por vía de apremio», explicó el responsable de la Tesorería, que admitió que «va a ser muy difícil bajar la tasa de morosidad de la Seguridad Social por debajo de ese 1%».

Esta «positiva evolución» se debe principalmente a la mejoría de la situación de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia, que están en mejor posición para hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social. Pero también -tal y como destacó Aibar- gracias a los mecanismos de control de la cotización que pone en marcha la Tesorería, así como las medidas aplicadas por el Ministerio derivadas del Plan Director por un trabajo digno, que entró en vigor el pasado mes de agosto.