El Gobierno avisa a Nissan de que el cierre le costará 1.000 millones

Los 1.000 millones de euros en que se cifran los costes del cierre se atribuyen a los ligados a la extinción de los contratos de trabajo y de los terrenos. A esa cantidad habría que añadir el coste para la imagen del grupo nipón y su reputación. Además, las diferentes administraciones podrían adoptar acciones legales sobre temas ambientales o para la devolución de ayudas recibidas por incumplimiento.

«Cerrar Barcelona no va a resolver sus problemas globales, sino complicarlos«, ha afirmado Blanco en una comparecencia telemática ante la prensa. Y ha añadido: »Tiene que tener claro que no le va a salir más barato que los mil millones«. Y, asimismo, ha apuntado que el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona seguirán apostando por la planta aunque Nissan anuncie su cierre.

«Es más positivo y viable invertir que cerrar; cerrar le va a salir carísimo y no va a encontrar ninguna actitud positiva ni en la ciudad, ni en España ni en Europa», ha rematado Banco.

De momento, la compañía japonesa no ha comunicado el cierre al Ejecutivo. Y Blanco ha recordado que las administraciones y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona llevan más de año y medio trabajando conjuntamente para garantizar el futuro de la factoría con la fabricación de un vehículo eléctrico pequeño.

Los sindicatos de Nissan en Barcelona, por su parte, a tres días de que el grupo nipón presente sus planes para todo el mundo, lo que incluye a sus plantas en España, redoblan sus presiones a las administraciones públicas para que intercedan por los 25.000 trabajadores que dependen de la marca. Además de mantener una huelga indefinida en Barcelona que cumple 22 días, los comités se han reunido este lunes por videoconferencia con el secretario general de Industria, al que han pedido un último esfuerzo al Gobierno para convencer a la firma de la necesidad de mantener el empleo y sus plantas en España.