El Gobierno acelera el cambio de la tarifa regulada en plena escalada de la luz

En la práctica, la reforma implicará desvincular esta tarifa de los precios diarios que asustan a los consumidores: se establecería un coste definido con un periodo concreto de tiempo. Así, el recibo no subiría tanto cuando los precios lo hagan, pero tampoco bajará en la misma medida que los costes desciendan.

El Ministerio de Transición Ecológica informó este viernes de que ponía en marcha una consulta previa para cambiar esta modalidad, a la que se pueden acoger suministros con menos de 10 kilovatios de potencia contratada. Se trata de recabar «propuestas para reducir la volatilidad del PVPC y optimizar su diseño con vistas al proceso de transición energética». Era una de las peticiones de las eléctricas, y una de las medidas incluidas en el plan de choque del Gobierno. Pero su tramitación no es inmediata: el plazo de consulta se extiende hasta el 22 de octubre. Después recorrerá un camino legislativo de varias semanas.

Si se toman como referencia los ejemplos de otros países, la tarifa regulada española dejará de estar pendiente día tras día del precio del megavatio/hora. En Portugal y Francia se fija el precio a un año vista; en Gran Bretaña, cada semestre; y en Italia, por trimestre. Además, no solo se calcula en función del coste del MWh, sino incluyendo otros parámetros para tratar de estabilizarla. En todas esas cuestiones (nuevos plazos, referencias o formas de cálculo) podrán pronunciarse los agentes del mercado (empresas y asociaciones, entre otros) estas semanas para que Transición Ecológica llegue a una conclusión final.

El departamento dirigido por Teresa Ribera insiste en que el PVPC es la tarifa «más competitiva» del mercado; registra los precios más bajos frente a cualquier opción del mercado libre. Aunque la actual evolución de precios «ha motivado una reflexión» sobre su configuración.

El anuncio llegaba apenas unas horas después de que arreciera el choque entre el sector eléctrico y el Ejecutivo. Porque este viernes mismo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, lanzaba duras críticas en público al Gobierno por el plan de choque aprobado a mediados de septiembre para amortiguar el recibo de la electricidad al advertir de las consecuencias que esas medidas pueden tener en el mercado. «Hay que actuar con rigor en el análisis». Y no hacerlo con «calentamientos puntuales», apuntó en el Foro La Toja 2021 donde este viernes internivo poco antes de que también lo hiciera en ese mismo acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Galán avisaba al Ejecutivo de las «consecuencias serias» de no legislar con rigor, en referencia al recorte de ingresos que detraerá unos 2.600 millones a las eléctricas propietarias de nucleares e hidroeléctricas, básicamente. «Ahora resulta que quien no contamina paga mucho más» que las empresas que contaminan.

Choque de posturas

Por eso, no ahorró calificativos en el decreto al tildarlo de «intervencionista» e «injustificado», además de tratarse de una «medida unilateral» que se ha tomado «por situaciones coyunturales», en referencia al alza del precio de la luz en el mercado mayorista. Además, hacía un llamamiento a la propia Unión Europea para que esté «vigilante» ante las medidas que toma cada país, en referencia a España.

Pocos minutos después de su intervención, el presidente del Gobierno clausuraba el acto. Y lo hacía reconociendo el aumento exponencial en la evolución de los precios energéticos, así como de la inflación. Sánchez insistió en la propuesta ya planteada por el Ejecutivo de abordar una compra de gas conjunta para rebajar el precio de la luz. Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lamentaba «la sorprendente falta de sensibilidad de algunas empresas» con respecto a la situación actual de altos precios de la luz.

Para intentar calmar a los mercados, Ribera se reunirá el lunes con representantes de las empresas industriales para conocer de primera mano su visión sobre la actual coyuntura de precios elevados del gas y la electricidad y compartir con ellas las medidas adoptadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto de la situación. Mantendrá encuentros con representantes de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad (AEGE) y con la Alianza para la Competitividad de la Industria Española, que aglutina a Anfac, AOP, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen y Unesid, ha informado el Ministerio. Además, lo hará el martes con el Consejo de Consumidores y Usuarios, que agrupa a las asociaciones Adicae, AUC, CECU, Facua, FUCI, Hispacoop, OCU, y UNAE, con la finalidad de conocer su opinión sobre la tarifa regulada.