La UE fracasa en su estrategia común para la 'tasa Google' y la arrincona hasta marzo

Pero lo cierto es que, a ojos de muchos, se ha vuelto a fracasar en la estrategia de dar un paso firme en la Europa comunitaria en materia de fiscalidad. De momento, los ministros la arrinconan hasta marzo para estudiar una fórmula de Francia y Alemania, presentada «a última hora» –aunque en parte se descontaba vistos los últimos movimientos del eje París-Berlín–, y menos ambiciosa que la última que estaba en la mesa, la de la Comisión Europea (CE). De aceptarse se terminaría cediendo a una idea descafeinada para 'acercar' a los países nórdicos e Irlanda –el principal paraíso de los colosos tecnológicos que actúan en Europa, sobre todo los de EE UU, gracias a su baja tributación–, que bloquean el impuesto.

Para levantar el veto actual de esos países –este martes, sin embargo, no lo lograron–, las dos grandes potencias europeas defienden que el nuevo gravamen solo se aplique a la publicidad 'online'. Frente a ese recorte de objetivos, el Ejecutivo comunitario abogaba por cargar el tipo impositivo del 3% no solo a esa actividad, sino también a los servicios de intermediación y a los ingresos procedentes de la venta de datos, el gran caballo de batalla de la guerra comercial que están emprendiendo los gigantes digitales y que irá en aumento en el futuro.

No es de extrañar por eso que el francés Pierre Moscovici, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros expresará claramente su «desacuerdo» con el Ecofin. «La injusticia fiscal está ahí y hay que corregirla», subrayó el responsable comunitario, consciente de estar ante un tema controvertido y de clara trascendencia pública.

Esa misma tesis es compartida por la ministra española de Economía y antes directora general de Presupuestos de la propia CE, Nadia Calviño. «Propondremos la tasa con un ámbito más amplio que coincide con el de la Comisión, puesto que la armonización de mínimos que se ha planteado permite ser más ambiciosos». Ese es el hueco que deja la tesis reduccionista franco-alemana.

Por eso el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta. «He expuesto que el Gobierno de España tiene la intención de seguir adelante», confirmó Calviño. En realidad, le urge. Al fin y al cabo tanto este nuevo gravamen como el que se aplicaría a las transacciones financieras (ITF, más conocida como 'tasa Tobin') son dos fuentes de ingresos claves en el proyecto presupuestario enviado desde Moncloa en octubre.

Pero se trata de un borrador que genera incertidumbres. El informe del Eurogrupo del lunes sobre todas las cuentas públicas de los 19 socios del club de la moneda única volvió a recordarlo. En concreto, demandó «medidas adicionales» a Madrid por su riesgo de «incumplir las normas» europeas de disciplina fiscal.

Francia, Bélgica y Portugal están en la misma situación delicada. La ministra de Economía, con todo, intentó este martes rebajar el efecto de esa advertencia presupuestaria. «Nadie aprecia riesgo a la sostenibilidad de la deuda a medio plazo», insistió, al tiempo que prefirió hablar de un «tono general positivo y de ánimo» por parte de sus colegas.

Desde el Ministerio de Hacienda, mientras, se sigue avanzando en el diseño de la nueva tasa. Así, se prevén sanciones de hasta un 0,5% de su cifra de negocio anual –y un máximo de 15.000 euros para personas y sociedades sin actividad económica– a quienes oculten la dirección IP (un protocolo de internet con el que se localizan geográficamente los dispositivos) desde donde realizan sus actividades, ya que muchas de ellas ni siquiera tienen sede física.