La Fiscalía investiga si Naturgy manipuló el mercado tras una denuncia de Facua

En el escrito remitido por la asociación de consumidores Facua, se indicaba que la sanción de la CNMC a Naturgy por valor de 6 millones de euros -además de exigir la devolución de 35,5 millones más en concepto de indemnización- por manipular el mercado eléctrico podría suponer que la compañía «hubiera incurrido en un delito contra el mercado y los clientes».

Por eso, la Fiscalía anunció este miércoles que ha solicitado a la CNMC no sólo saber si afecto al precio pagado por los usuarios, sino si ese posible incremento de precios se podría haber proyectado sobre todo o sobre una parte limitada del territorio nacional. Además, quiere que el organismo le aporte una cuantificación aproximada de los perjuicios patrimoniales causados a los consumidores y usuarios provocado por un eventual incremento de precios finales, así como informar sobre si la resolución sancionadora es firme o si ha sido impugnada ante los tribunales, y en ese caso quiere conocer en que órgano judicial y proceso se lleva.

El pasado 1 de agosto Facua presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que informó sobre la sanción de la CNMC a Naturgy por manipulación del mercado eléctrico. Facua estimó que de los hechos probados por la CNMC «podría desprenderse una posible conducta delictiva» por parte de Naturgy Generación en relación al artículo 284 del Código Penal.

Además, señaló que no es razonable que la empresa justifique este incremento de precios con el fin de recuperar pérdidas pasadas, «sirviéndose de las circunstancias de la zona de Galicia y de la ausencia de competidores para incrementar sus ingresos».

Una semana antes, la CNMC anunció que imponía una sanción de 6 millones de euros a Naturgy por ofertar en los servicios de ajuste para la generación de energía eléctrica, concretamente en el mercado de restricciones técnicas, a precios excesivos y dispares, con respecto a sus ofertas en el mercado diario eléctrico, sin justificación, con el objeto de incrementar sus ingresos.

Además, con el fin de resarcir de los sobrecostes ocasionados, se le imponía a la compañía una aportación de carácter indemnizatorio de 35,5 millones a las liquidaciones del operador del sistema, para compensar el daño ocasionado reduciendo los costes de la adquisición de energía por parte de la demanda. Esta cuantía será repartida entre la demanda en un número de meses iguales a los que duró la actuación, es decir, un total de 22 meses.

La compañía, que ha recurrido la sanción, alegó que la central había «formulado consistentemente (y no solo en el periodo analizado) sus ofertas en restricciones buscando recuperar razonablemente -que no consiguiendo- sus costes totales atendiendo a la mejor e imperfecta estimación de las condiciones competitivas en cada momento».