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El Tribunal Supremo ha anulado la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
El ... Alto Tribunal ha fallado a lo largo del pasado mes de abril sobre varios recursos contencioso-administrativos presentados por Acciona o Endesa, estimando en parte las demandas contra el decreto que regulaba el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
Estas resoluciones suponen que el Estado tendría que reintegrar a las compañías energéticas unos 500 millones de euros. Según cálculos de los analistas de Banco Sabadell, acordes a la generación hidráulica de las compañías, Iberdrola recibiría unos 250 millones de euros -con 13.111 gigavatios/hora de producción hidráulica- y Endesa unos 150 millones de euros -7.681 GWh producción hidráulica-.
No obstante, las sentencias no retiran el canon en sí, que representa un incremento de energía eléctrica del 22%, que posteriormente fue elevado al 25,5%. Este canon se sumó a los tributos creados en el marco de la reforma eléctrica abordada por el PP, en la que también figuraba el impuesto del 7% a la generación, y cuya recaudación tenía por fin hacer frente al déficit sistema eléctrico.
La devolución del pago por el canon no afectará a la factura eléctrica de los consumidores, ya que corresponderá al Tesoro Público, de quien depende las confederaciones de la cuencas hidrográficas.
De hecho, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha apuntado que la anulación por el Tribunal Supremo de la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que avala su devolución a las eléctricas, no «afectará» al déficit del sistema eléctrico, ya que tiene que «ver con el Ministerio de Hacienda».
En 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en respuesta a unas cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo, ya avaló el canon impuesto a distintas empresas eléctricas por el uso del agua en las cuencas hidrográficas para la producción de energía y los impuestos que se aplican en España a la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares, tras concluir que no vulneran la normativa comunitaria.
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