Las empresas piden al Gobierno duplicar la financiación hasta llegar a los 200.000 millones

En este sentido, consideran claramente «insuficientes» esos 100.000 millones que el Estado ha dispuesto a través de las líneas de credito del ICO (de los que apenas han llegado 35.000 millones) y estiman que necesitarán el doble: una inyección de 200.000 millones en el corto plazo. «La línea de avales es la mitad de lo que nos puede hacer falta», admitó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, durante la jornada empresarial '¿Cómo evitar la quiebra por el coronavirus?, Estrategias empresariales ante la Covid-19', organizada por la patronal en colaboración con Álvarez & Marsal.

Cuerva demandó además al Ejecutivo una mayor «flexibilidad y rapidez» para acogerse a estos préstamos y sugirió que se concedieran de manera automática para pymes con dificultades por lo menos hasta llegar a un umbral, que él fijó en los 50.000 euros.

El presidente de Cepyme incidió en que el volumen de las medidas para mantener el tejido productivo no es acorde al impacto económico que la crisis del coronavirus puede llegar a tener en España, según algunas previsiones, como la de la Comisión Europea. De hecho, considera que debería realizarse «un mayor esfuerzo» para sostener su tejido productivo, porque, si no, hay empresas cuya recuperación va a ser mucho más lenta y más dolorosa en términos de empleo.

Y para corroborar esta insuficiente inyección de liquidez de 100.000 millones, la comparó con la que han aprobado otros países europeos, como Alemania, Francia e Italia. Así, mientras que aquí los avales en circulación tienen un valor del 8% del PIB, en Italia representan el 20%, en Alemania el 16% y en Francia el 11%.

Asimismo, para facilitar esta urgente necesidad de liquidez, Cepyme ve necesario disponer de nuevas medidas, como ampliar los aplazamientos tributarios por encima de los 30.000 euros para pymes, así como aumentar el límite de facturación dispuesto hasta ahora; poner en marcha un plan de pago a proveedores, agilizar las devoluciones del IVA o, a nivel local, adecuar impuestos y tasas a la nueva situación, como por ejemplo el IBI, el IAE o las tasas de recogida de basuras industriales. «Necesitamos que se aceleren al máximo los pagos que se les debe a las empresas», apuntó el también vicepresidente de la CEOE.

Pero otra de las medidas que consideran clave para su supervivencia es la de ampliar la vigencia de los ERTE más allá del estado de alarma, para que las empresas no tengan que asumir la reincorporación de los casi 4 millones de trabajadores afectados con un nivel de actividad casi nulo en la mayoría de los casos. Desde Cepyme instaron al Gobierno a que estos ERTE no se extingan con «una fecha cierta en el calendario», sino que dependan de la situación del sector y de la empresa, «porque, si no, será una herramienta estéril que no servirá para mantener empleo y la empresa abierta».

A su vez, culparon al Ejecutivo de haber «adulterado una herramienta jurídica que existe de hace muchísimos años con nuevas normas que no estaban en el marco jurídico actual». Se refieren a la prohibición que incluyó el Gobierno para que las empresas que se han acogido a un ERTE no puedan despedir a ningún trabajador en los seis meses posteriores a que decaiga el estado de alarma y que ahora quiere extender hasta final de año. Tampoco aceptan la nueva condición que quiere imponer el Ministerio: vetar que las compañías que se beneficien de estos expedientes puedan repartir dividendos entre sus accionistas. Esos son los dos principales caballos de batalla en esta negociación.