El denunciante de Iberdrola justifica su protección legal por las «represalias» de la compañía

Del Olmo, querellado a su vez por falsedad documental y revelación de secretos tras una denuncia de Iberdrola por sustraer documentos internos, sostiene que existe la «obligación legal» de ser protegido, especialmente ante la actitud de la empresa. Fue el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Manuel García Castellón, quien pidió a las partes que se pronunciaran sobre esta protección al testigo clave del caso en un auto de finales de enero.

Al menos una de las partes personadas, en concreto el presidente de ACS Florentino Pérez, perjudicado en este procedimiento por ser objeto del supuesto espionaje de Villarejo, se mostró a favor de esta medida y solicitó al juez su aplicación al considerar que el antiguo responsable de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola «está siendo represaliado».

Iberdrola se querelló contra su antiguo directivo por el informe elaborado por Del Olmo en diciembre de 2004, donde reflejaba presuntas irregularidades y dejaría constancia de varias facturas, incluida una emitida por Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo, por los servicios prestados de seguridad. La compañía sostenía que se trataba de un documento falso y acusó a Del Olmo del robo de documentación, de no denunciar los hechos cuando los conoció y de permanecer 14 años callado.

Ahora, en su escrito al juzgado, el denunciante hace un repaso a los «procesos abiertos» por Iberdrola contra su persona y se adhiere a lo «manifestado» por Florentino Pérez. «Las medidas relativas a la suspensión de todos esos procedimientos tienen, además, perfecto encaje en nuestra legislación, tanto por la necesidad de que la revelación de secretos que se denuncia no sea ilícita, como hemos defendido ante las distintas instancias, como por la posible aplicación del instituto de la prejudicialidad, perfectamente coherente en este caso», justifica el abogado de Del Olmo para defenderse de la querella de la energética.

El escrito también trata de dar unas «pinceladas» acerca de la «justificación de protección frente a Iberdrola por su interés en el proceso y por tratarse de una corporación única», y descartando la distinción entre la matriz e Iberdrola Renovables.

Relata que «a partir del año 2002, debido a los proyectos que se estaban poniendo en marcha, se plantearon modificaciones en la estructura del Grupo Iberdrola. Se crea Iberdrola Renovables (con salida a bolsa), se compra SPW (Escocia), se compra Energy East (USA-actual Avangrid), se adquiere Elektro (Brasil) o se crea Iberdrola México (Generación), etc.».

Sin embargo, señala, «todas estas empresas tenían, al igual que la matriz, organización de corporación». «Esto derivó en problemas operativos, por lo que desde la Presidencia de Iberdrola se puso en marcha, a principios de 2010, el proyecto de Corporación Única que afectaba a todo el grupo», y en el que se integraba el área de Del Olmo y también, entre otras, la de Seguridad Corporativa, encabezada por Antonio Asenjo, principal acusado en esta pieza separada por contratar con Villarejo.

«El esquema de trabajo consistía en que el responsable de una función corporativa en una empresa del grupo dependía jerárquicamente de una persona de dicha empresa, pero funcionalmente dependía del responsable de la función en Iberdrola», añade la defensa de Del Olmo, apuntando que «el responsable de todas las funciones corporativas» era, finalmente, José Ignacio Galán. El presidente está imputado en la causa junto a su grupo de hombres de confianza. La disputa entre Del Olmo y Galán sigue, por lo tanto, escribiendo nuevos episodios judiciales.