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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha pronunciado por primera vez públicamente tras reprender a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, a cuenta del repunte del precio de la luz y de lo que consideraba como una inacción del Ejecutivo para controlar ... aquella subida hasta récord históricos. Garzón ha anunciado esta mañana que va a intensificar, en colaboración con las comunidades autónomas, la vigilancia de prácticas comerciales engañosas que realizan las empresas del sector.
Lo hará, según ha indicado en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, tras constatar en 2020 que en la información que las compañías proporcionan a los usuarios no se incluyen conceptos tan importantes como los impuestos que aplican en cada oferta, una práctica que a juicio del ministro provoca distorsión sobre el precio final de la energía que paga cada hogar.
Ante esta circunstancia, Alberto Garzón ha anticipado que ejercerá la acción de cesación ante los tribunales de justicia contra estas acciones publicitarias. Es decir, lograr a través de la intervención judicial que esas compañías suspendan las campañas publicitarias que resultan confusas para los consumidores.
El ministro ha desarrollado las medidas que, desde su departamento -sin competencias en el mercado eléctrico, aunque sí en materia de consumo-, buscan reforzar la protección de la ciudadanía ante el sector energético, especialmente de la más vulnerables. Garzón ha apuntado hacia reformas encaminadas a simplificar los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica para lograr mayor comprensión por parte del consumidor. El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señalaba que solamente uno de cada cuatro hogares onoce la diferencia entre la contratación de la electricidad en el mercado libre o en el regulado. En concreto, algo más del 25% saben que pueden contratar su suministro eléctrico a un precio regulado o a un precio liberalizado.
En ese sentido, Garzón también ha advertido que los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas son de las que registran el mayor número de reclamaciones antes las autoridades de consumo. Con esta realidad, el ministerio trabaja en el proyecto de Ley Integral de Servicios de Atención al Cliente. Esta norma, según ha explicado Garzón, busca homogeneizar la calidad de la atención al cliente y llegará al Congreso en 2021. El proyecto pretende facilitar el acceso a una atención eficaz, transparente, completa y veraz en los servicios de información, quejas, reclamaciones e incidencias, según ha detallado.
Además, Garzón ha añadido que su cartera trabaja junto a la de Transición Ecológica –competente en materia de política energética y responsable de la regulación del mercado eléctrico– en diferentes acciones de sensibilización y formación. El objetivo compartido es facilitar la compresión de la factura de la luz a los usuarios. Según ha explicado, el Gobierno pretende que miles de personas consumidoras conozcan mejor los servicios que tienen contratados, el uso que hace de los mismos y la información que le suministra su comercializadora. Para Garzón, supone un aspecto esencial para la prevención de fraudes y abuso y para el conocimiento de las correspondiente reclamaciones y denuncias.
Por último, el ministro ha destacado el trabajo que se está realizando junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha anunciado la puesta en marcha de nuevas iniciativas conjuntas relacionadas con el ahorro en costes de luz. Consumo y CNMC quieren realizar un acompañamiento a la ciudadanía en la interpretación de sus facturas de electricidad. El proyecto, que se desarrolla a través del Plan de Digitalización de la Administración, pretende atajar el enrevesamiento de las facturas.
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