El Consejo de Estado urge al Gobierno una solución «legal» a la deuda del proyecto Castor con la banca y Enagás

En concreto, les «reconoce» tanto a los bancos como al operador del sistema gasista la pertinencia de «percibir las cantidades por el abono de la indemnización» pagada a la promotora del fallido almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor-y, además, «con cargo al sistema gasista y no a la Administración General del Estado», precisa-, si bien deja que la «cuantía procedente» la fije el Ejecutivo (ahora en funciones) respetando lo ya resuelto por los tribunales. Y lo mismo señala el organismo consultivo respecto a los gastos de «administración, mantenimiento y conservación del depósito» que tuvo que asumir Enagás. De lo contrario, afirma, «se estaría amparando una situación de enriquecimiento injusto a favor del sistema gasista».

Esa compensación le fue reconocida por el Gobierno a la empresa promotora del proyecto -Escal UGS, cuyo propietario principal es ACS- en octubre de 2014, aunque ésta terminaría vendiendo los derechos de la indemnización a varias entidades financieras (Santander, Caixabank y Bankia). Fueron 1.350,7 millones de euros para compensar que dicha instalación, situada en la costa mediterránea de Castellón, nunca inició su actividad por los terremotos que provocaban las obras para su construcción. El dinero se fue abonando en plazos, usando para ello el recibo del gas con un recargo fijo que terminarían abonando los propios consumidores.

Pero el Tribunal Constitucional anuló dicha resolución administrativa a finales de 2017 porque no se acreditó «la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad» que justificara el uso de un decreto ley para ello, una vía que en última instancia evitó el «control político» del Parlamento sobre tan polémica cuestión. A raíz de esa decisión, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó desde enero de 2018 los pagos de la indemnización.

Meses después el Tribunal Supremo instó a la Administración a reintegrar a los titulares de suministros de gas las cantidades que Enagás repercutió en sus facturas durante 2014 y 2015 en concepto de «operación y mantenimiento» de la instalación de Castor. Y es presumible que termine haciendo lo mismo con los recibos correspondientes a 2016 y 2017, aunque el Consejo de Estado considera que ese mecanismo de pago (vía recibo) sería el idóneo. En esta tesitura, las entidades financieras presentaron una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Estado, pero no obtuvieron contestación del Gobierno.

El caso terminó de nuevo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a la que ahora los bancos aportan el informe del Consejo de Estado y se quejan de que no haya sido consultado por el Gobierno -solo tuvo «conocimiento indirecto» del caso a través de la CNMC -. El dictamen del órgano consultivo advierte al Estado de que debe aprobar lo antes posible «la correspondiente iniciativa legislativa» para compensar a la banca y Enagás por el dinero que han abonado, pues cualquier retraso añadido puede provocar «eventuales efectos indeseables» además de generar los preceptivos intereses.