El ex consejero delegado de Dia Ricardo Currás, imputado por alterar las cuentas para cobrar el bonus

De acuerdo con el auto, según el juez instructor, existen indicios de que, como las cifras propias del ejercicio 2017 no alcanzaban los objetivos propuestos y ello implicaría un importante descenso en la cifra de beneficio bruto de explotación, el consejero delegado de Dia en aquel momento, Ricardo Currás, «ideó un plan» «para alterar ciertas magnitudes», «lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión» para, de esa manera, alcanzar el cobro del bonus variable por objetivos que en el ejercicio 2016 había sido de 616.620 euros.

Ello implicó, de acuerdo con el auto de la fiscalía, que las cuentas, tanto individuales como consolidadas, de Dia en el ejercicio 2017 ofreciesen una imagen que no se correspondía con la realidad. Y ello se reflejó también en la proyección de objetivos para 2018. Dado que durante el ejercicio 2018 no se lograba alcanzar la cifra de objetivos, se inició una investigación en Dia España una vez cesado Ricardo Currás, lo que sucedió en agosto de 2018, para descubrir las causas. Al principio, el consejo de Administración transmitió los hechos a la CNMV y reformuló las cuentas a las que tuvo que aplicar un ajuste de 56 millones de euros en el patrimonio neto contable a 31 de diciembre de 2017, lo que conllevó fuertes caídas bursátiles en el valor.

En términos de ebitda, del total de 69,7 millones de euros en que el auto cifra los ajustes aplicados a las cuentas anuales, se responsabiliza a Ricardo Currás de 51,8 millones de euros. Y ello, a través de cuatro prácticas: previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores, incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia, eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir, pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados.

A raíz de las irregularidades detectadas en Dia España, el consejo de administración extendió la investigación en las filiales del grupo en Argentina, Brasil y Portugal. Si bien en Portugal y en Argentina no se detectó ninguna irregularidad, no ocurrió lo mismo en el caso de Brasil. El esquema fue similar: durante el ejercicio 2017 las expectativas de negocio que se tenían respecto a Dia Brasil no se fueron alcanzando, de forma que en septiembre de ese año, según relata el auto, se consideró que, de seguir así, se finalizaría el ejercicio con un descenso de entre el 9% y el 25% por debajo del presupuesto inicialmente aprobado. Freddy Wu, director ejecutivo de Dia Brasil y que reportaba directamente al también investigado Antonio Coto, director de la región latinoamericana del grupo Dia en aquel momento, habría impartido órdenes a determinados empleados de los departamentos comercial y financiero para que los resultados finales fueran en apariencia mejores que los reales con el conocimiento y aquiescencia de Antonio Coto. El resultado de la reformulación de las cuentas de 2017 en las de 2018 implicó un ajuste implicó un ajuste del beneficio bruto de explotación de 12,8 millones de euros.

Se da la circunstancia de que Antonio Coto sustituyó a Currás cuando éste fue destituido como primer ejecutivo del grupo, en agosto de 2018. Cuando la dirección del grupo cayó en que Coto también estaba implicado en los hechos denunciados, también se le destituyó, puesto que luego ocupó Borja de la Cierva, a partir de diciembre de 2018. Éste fue el último consejero delegado de la era pre-Mijail Fridman.

La causa procede de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios.

Por otro lado, según comunicó este miércoles la CNMV, su comité ejecutivo, en su reunión del pasado 19 de diciembre, acordó incoar un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Dia, así como a determinadas personas que ocupaban cargos de administración y dirección en la entidad en el momento de los hechos (concretamente, a quien era su consejero delegado y a otros cuatro altos directivos y a los consejero que formaban parte de la comisión de auditoría y cumplimiento) por haber suministrado a la CNMV información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales individuales y consolidadas de 2016 y 2017.