Pese al debate en el seno del Gobierno sobre quiénes debían gestionar las ayudas directas a empresas y autónomos que se aprobaron este viernes, finalmente la decisión es que sean las comunidades para que los fondos «se adapten a las singularidades locales». Así lo ... explicó la portavoz María Jesús Montero, que aseguró que el Ejecutivo publicará en los próximos días un reglamento en el que se especificarán los criterios para gestionar esas ayudas de forma homogénea en toda España, pero solo a forma de recomendación.
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Y es que las comunidades podrán modificar estos criterios para, entre otras cosas, incrementar la progresividad de las compensaciones. Es decir, el Gobierno establece que las micropymes y autónomos (hasta 10 empleados) pueden recibir una cantidad equivalente al 40% de la caída de los ingresos y hasta un 20% para el resto. Pero dentro de esta horquilla, las comunidades podrán variar las magnitudes según las características de su parque empresarial.
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Más allá, dependerá de la agilidad de las comunidades el plazo en el que los más perjudicados por la crisis empiecen a recibir las ayudas. El Gobierno se ha marcado un límite de 40 días para tener formalizada la orden de reparto de los fondos, así que cada región tendrá que canalizar esa ayuda en el menor tiempo posible a partir de esa fecha con el objetivo de que en el mes de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, las empresas comiencen a recibir esos pagos en sus cuentas.
Esta situación puede complicarse para algunas como la Comunidad de Madrid, donde el reciente anuncio de adelanto electoral podría dificultar la llegada de estos fondos. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, hizo referencia este viernes a este caso concreto, y señaló que espera que Madrid gestione «con agilidad» el paquete de ayudas pese a su situación política y que la convocatoria electoral «no despiste» al Gobierno regional sobre la «verdadera prioridad, que es luchar contra la pandemia, impulsar el tejido productivo y la recuperación económica».
Las comunidades contarán con la ayuda de la Agencia Tributaria, que les proporcionará información para saber si la empresa solicitante de la ayuda cumple con los requisitos de acceso (pérdida del 30% de su facturación) a través de una plataforma específica para ello.
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