Competencia da la puntilla a las cabinas telefónicas, al pedir que se les retire la subvención

Sin embargo, al estar incluidas en el servicio universal de telecomunicaciones en España, Telefónica se ha visto obligada a continuar con su gestión por ser el operador dominante. El último concurso se convocó para el período 2009-2011, pero no hubo competencia por el desinterés del resto de operadoras.

Desde entonces se han aprobado sucesivas prórrogas del contrato con Telefónica, que demanda hace tiempo que la prestación del servicio de las cabinas deje de ser forzoso al igual que ya ocurre en otros países europeos como Francia, Bélgica o Dinamarca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia apoya la petición y en su último informe, conocido este jueves, pide a la Secretaría de Estado para el Avance Digital (dependiente del Ministerio de Economía) que «revise la conveniencia de mantener el carácter obligatorio» del mismo.

Pero sin esa imposición administrativa las cabinas parecen abocadas al museo; de hecho, apenas queda una década para su centenario. A finales de 2018 existían cerca de 15.000 repartidas por todo el país, pero Telefónica eleva la cifra a 16.500, aunque explica que también ha desinstalado un número indeterminado de unidades «excedentarias» para ahorrar costes al superar el mínimo del contrato -al menos una activa por cada 1.000 habitantes, a la que se añadiría otra cada 3.000 más-.

A finales de los años 90 había cerca de 65.000 cabinas, hoy son cuatro veces menos. Entonces el servicio resultaba rentable –no en exceso, eso sí– y hoy es deficitario. Según la CNMC, el coste anual de su mantenimiento superaba los cinco millones de euros en 2017 (último ejercicio cifras oficiales), lo que supone duplicar la factura en solo tres años.

Pero son solo parches temporales. En Competencia creen llegada la hora de que deje de integrarse en el servicio universal y, por tanto, de estar subvencionado debido a su «escaso uso», la reducción de márgenes, la caída del tráfico de llamadas –algunas cabinas apenar se usan para realizar un par de llamadas al mes– y la baja rentabilidad del servicio –Telefónica sostiene que pierde dinero con dos de cada tres –.

La decisión corresponde ahora al Gobierno, que ha iniciado las consultas pertinentes antes de decidir si prorroga de nuevo las obligaciones de Telefónica con las cabinas, al menos durante 2020. Una de las últimas encuestas de la Comisión sobre este asunto arrojaba que el 88% de los españoles jamás había utilizado una. También era exigua la demanda de las guías de teléfonos –accesibles solo por internet salvo petición expresa- y los servicios de consulta sobre números de abonados, que ya dejaron de ser subvencionados al concluir el año pasado.

Las actividades que prácticamente seguro se mantendrán bajo el paraguas del servicio universal -que garantiza su prestación y es costeado en buena medida por el Estado- es la conexión a la red pública y la propia prestación del servicio telefónico (desde cualquier punto del país y a precios asequibles), al considerar la CNMC que no quedarían «aseguradas mediante el libre mercado». Tampoco lo estarían las cabinas sin la adjudicación forzosa, pero en Competencia sí consideran que se mantendría una parte del parque, en concreto el que tuviera una demanda «significativa».