Competencia multa con 200 millones a seis grandes constructoras por pactar contratos

Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según informó este jueves en un comunicado. En él explica que entre 1992 y 2017 estas seis compañías se reunieron semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC. Por ello, más allá de la multa -que para empresas millonarias de este nivel no es un gran agujero en sus cuentas- les prohíbe contratar con la Administración y la Junta Consultiva de Contratación Pública será quien determine su duración y alcance.

No es la primera vez que la CNCM multa a este sector. Ya el año pasado sancionó a cuatro de las que vuelve a señalar ahora (Acciona, Sacyr, ACS y FCC) por alterar el resultado de los concursos de conservación de la Red de Carreteras. Y en 2019 sancionó a 21 empresas, entre las que estaban Sacyr, ACS y OHL, por repartir concursos públicos de infraestructuras ferroviarias.

En este caso, la institución asegura que estas prácticas han sido «especialmente dañinas» para la sociedad porque se han pactado en licitaciones públicas que afectan a miles de concursos para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, lo que ha generado «peor calidad» en las ofertas técnicas presentadas.

Según Competencia, el 'modus operandi' era el siguiente: representantes de estas seis grandes constructoras se reunían semanalmente desde 1992 para analizar las licitaciones que sacaba la Administración a concurso y decidían cómo iban a repartirse los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de dichas licitaciones. Es más, las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y aprobación del resto de miembros del grupo. Aún así, se presentaban por separado y con logos y denominaciones propias de cada empresa «para dar a las administraciones una apariencia de independencia», detalla la CNMC.

Al conocer la sentencia, las constructoras anunciaron su disconformidad y su intención de presentar un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la decisión del organismo. En declaraciones a Europa Press, un portavoz de Ferrovial negó las acusaciones y confió en la «anulación íntegra» de la resolución.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la sentencia no es definitiva, sino que podría reducirse, aumentar o incluso anularse una vez se resuelva el recurso. El caso irá a la Audiencia Nacional y podría llegar al Tribunal Supremo, lo que supone que pueden pasar años hasta que se conozca la sentencia firme.