Tras semanas de quejas por parte de comunidades autónomas, pymes y autónomos, el Gobierno finalmente ha decidido ampliar el plazo de solicitud de los 7.000 millones de euros en ayudas directas para este colectivo, que se ha quedado encallado desde hace un tiempo y ... de las que no se han solicitado ni la mitad, según alertan los colectivos de autónomos. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había decidido ampliar el plazo para que las comunidades autónomas tengan tiempo de ejecutar estas ayudas «completamente» y lleguen a «todos los que han tenido problemas y pérdidas contables durante la pandemia».
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La modificación del decreto supone ampliar en cuatro meses, desde el 31 de mayo al 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas, que podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde que estalló la pandemia en marzo de 2020 hasta el próximo 30 de septiembre.
Además, estas ayudas podrán destinarse a pagar pérdidas contables generadas durante ese periodo, una vez satisfechas las deudas. Esta era una de las grandes batallas de los autónomos y empresarios, que denunciaban que ahora solo estaban concediéndose a los que tenían facturas pendientes y no a los que habían respondido con sus ahorros y no eran morosos.
Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado desde marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del real decreto.
Este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño confirmaba que el Gobierno estaba trabajando en una «aclaración» del decreto de dichas ayudas directas para que las comunidades autónomas pudieran lanzar una convocatoria adicional y llegar a más autónomos y pymes. Todo porque a pesar de que el reparto se inició en el mes de mayo, aún quedan muchos millones de euros por repartir debido a la «excesiva burocracia» que comporta el proceso y a que ahora las ayudas solo están concediéndose a las empresas que tienen facturas pendientes, denunciaban desde ATA.
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No es la primera vez que el Gobierno tiene que modificar este decreto, ya que un mes después de aprobarlo, en abril, se amplió la extensión de los campos de actuación de las ayudas. De esta forma, las comunidades autónomas pudieron incluir sectores para beneficiarse de ellas que en un principio no estaban en el listado que emitió el Ejecutivo, pero que hubieran tenido pérdidas debido a la pandemia.
A pesar del paso hacia adelante, la asociación de autónomos ATA considera «claramente insuficiente» la ampliación del plazo de cobertura y su presidente, Lorenzo Amor, considera que es una buena noticia para las empresas pero se olvida de los trabajadores por cuenta propia, que habían pedido extender el plazo de facturas pendientes hasta el 31 de diciembre.
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El presidente de ATA acusó a los políticos de desconocer la heterogeneidad de las actividades de los autónomos y de los empresarios y calificó el anuncio del Gobierno como «una pena y un fracaso».
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