Un cambio en la ley antes del 23-J facilita a los saudíes tener un sillón en el consejo de Telefónica

Ese cambio de última hora abría la puerta a que no fuera necesaria una autorización del Ejecutivo ante compras como la del 9,9% de Telefónica que ha hecho STC, siempre que la compañía extranjera no tenga intención de formar parte del consejo de la firma de la que va a comprar su capital. El decreto previo al 23-J aclaraba que si esa era la voluntad del comprador «deberá acompañar dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada».

Pero en el caso de STC Group no hay compromiso expreso de que no quieran acceder al consejo. Por el contrario, sí existe una petición de autorización para que el Gobierno avale la operación. Este hecho no implica que los saudíes vayan a reclamar de inicio un puesto ejecutivo en el órgano que preside José María Álvarez-Pallete. Pero se guardan ese as en la manga para un futuro porque a medio y largo plazo esa posición pasará por un sillón, aclaran fuentes negociadoras. No tendría sentido tener un 10% de acciones y no estar en las decisiones del grupo, apostillan.

Corresponde al Ministerio de Defensa la decisión final de autorizar esa operación y, en su caso, elevarla a un posterior Consejo de Ministros para avalar la entrada de STC. La ley indica que las actividades de defensa nacional son un sector con una regulación específica cuando media la adquisición de una empresa española por parte de una foránea ajena a la Unión Europea (UE). Telefónica es socia tecnológica del ministerio en despliegue de redes 5G de las Fuerzas Armadas y tiene firmados contratos para la instalación de telecomunicaciones o la implantación de la escuela de operaciones en ciberdefensa, entre otros.

En cualquier caso, desde la operadora saudí ven «factible» el aval de Moncloa para consolidar el 9,9% que han anunciado adquirir de Telefónica. El grupo inversor considera que la empresa española discurre por la buena línea y han confirmado su apoyo en materia de estrategia corporativa y 'management', esto es, los órganos de alta dirección.

Álvarez-Pallete se encuentra ahora en Riad, junto a los responsables de STC Group. Lo hace después de admitir que Telefónica no había sido consciente del movimiento que el martes por la noche anunció su nuevo primer propietario. Tampoco el Gobierno, tal y como apuntó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Ni siquiera el rey Felipe VI, a pesar de las históricas relaciones entre la Casa Real y la monarquía saudí, como con otras del Golfo Pérsico. De hecho, Zarzuela ha salido a desmentir que conociera esa operación. «El Rey no ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica», ha aclarado la Casa Real.

Pocos desembarcos empresariales han sido tan sigilosos en su preparación e impactantes en su ejecución como el de la operadora saudí STC al convertirse en el primer accionista de Telefónica. La operación, construida con la «máxima discreción» durante medio año -según fuentes de la negociación-, avanzó con pequeños movimientos. Esperó a agosto, el mes más calmado de actividad en España, para finiquitar el salto y anunciarlo.

Desde Bruselas, mientras, la Comisión Europea prefiere no hacer valoraciones «por confidencialidad» al ser una empresa privada. Eso sí, dado su carácter estratégico, aclaran que la UE dispone de «mecanismos legales» para limitar inversiones foráneas si lo pide así un Estado miembro, en este caso España. En concreto, se trata de una modificación normativa que se realizó en octubre de 2020 para «identificar y afrontar posibles amenazas» de cara a la seguridad o el orden público dentro de la Unión Europea.