La Guardia Civil registra la sede de Abengoa en Sevilla por delitos societarios

En el operativo participan una veintena de efectivos de la Guardia Civil desplazados de Madrid a Sevilla tras la orden de la Audiencia Nacional. Las actuaciones judiciales comenzaron en 2016 a consecuencia de una querella de un grupo de accionistas ante este tribunal por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Ese año se llevó a cabo el relevo de la cúpula de la empresa y Gonzalo Urquijo se proclamó presidente de la entidad, que desde 1991 había estado al mando de Felipe Benjumea.

La compañía española, especializada en los sectores de infraestructuras, agua y energía, se encuentra actualmente en concurso de acreedores, un proceso que está en manos de un juzgado mercantil de Sevilla. A mediados de marzo solicitó un rescate al Estado de 249 millones de euros que sigue analizándose por parte de la SEPI, que ya ha otorgado cantidades millonarias a empresas estratégicas como Air Europa. Duro Felguera o Ávoris (la fusión de las agencias de viajes de Barceló y Globalia).

Sin embargo, en el caso de Abengoa se analiza si la empresa era viable antes de la pandemia, uno de los requisitos para que el Estado conceda este tipo de ayudas públicas. Y es que no es la primera vez que Abengoa se encuentra en graves problemas financieros. Este mismo mes de febrero la multinacional solicitó concurso de acreedores después de que fracasara el plan de Gonzalo Urquijo para refinanciar la deuda de más de 6.000 millones de euros.

«Una vez resuelto de forma definitiva el acuerdo de reestructuración de la Sociedad y su grupo, siendo este acuerdo una condición necesaria para reequilibrar el patrimonio de Abengoa y una vez que el pasado 18 de febrero ha vencido la protección preconcursal (...) se ha tomado la decisión de solicitar la declaración de concurso voluntario de Abengoa (...) considerando que esta medida es la más adecuada para salvaguardar los intereses de la Sociedad y de todos los acreedores». Con este comunicado a la CNMV, Abengoa daba a conocer que había presentado solicitud de concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Sevilla.

Abengoa, que lleva en preconcurso desde 2015 cuando presentó una deuda de 20.000 millones, cuenta con 14.000 trabajadores, 3.000 de ellos en España. La historia reciente de la compañía es la de un negocio pujante, que crecía como la espuma al abrigo de la anterior burbuja de las renovables, pero que se vino abajo hace seis años, un periodo en el que acumula descalabro tras descalabro.

En medio de todo este periplo, los antiguos directivos del grupo llegaron a enfrentarse a graves acusaciones judiciales. El expresidente y fundador de Abengoa, Felipe Benjumea, salió indemne del juicio al que se enfrentaba en 2018 por un delito de supuesta administración desleal tras haber cobrado 11,5 millones de euros en concepto de indemnización cuando abandonó su cargo en la compañía en septiembre de 2015. Lo hizo en un momento en el que la corporación se encontraba en una crisis sin precedentes que le llevó a solicitar tras su salida el preconcurso de acreedores apenas dos meses después de la marcha de este directivo.

La Audiencia Nacional absolvía hace tres años a Benjumea y también al que fue su consejero delegado hasta mayo de 2015, Manuel Sánchez Ortega, por el abono de unos finiquitos millonarios que en el caso del antiguo «número dos» alcanzaron los 4,4 millones. El tribunal entiende que no ha quedado acreditada la administración desleal de los bienes de la compañía por la que se les había investigado y que esas liquidaciones –15 millones de euros entre ambos– se adecuaban a la normativa.

En el fallo, los magistrados consideran que no ha quedado justificado que los contratos de los ejecutivos firmados el 23 de febrero de 2015 fueran concebidos para favorecer «improcedentemente» al entonces presidente ni al consejero delegado, puesto que venían impuestos por la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. El tribunal sostiene que esos documentos se elaboraron con los debidos asesoramientos técnicos, sin que los acusados intervinieran en su contenido.

Incluso el exministro socialista de Obras Públicas, Josep Borrell, fue sancionado con 30.000 euros por la CNMV al considerar que cometió una «infracción muy grave» al usar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. En esta resolución, el regulador concluyó ue Borrell llevó a cabo una infracción muy grave tras la venta por cuenta de una persona de su entorno de 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros, el 24 de noviembre de 2015. Todo esto disponiendo de información privilegiada sobre este emisor en plena crisis de la energética de la que fue consejero.