El crédito cae en Castilla y León hasta mínimos nunca vistos

La pasada semana, el Banco de España alertaba sobre los riesgos para la estabilidad financiera y macroeconómica que esconde el fuerte crecimiento del crédito al consumo e hizo un llamamiento a la prudencia a bancos y clientes. Sin embargo, la advertencia no iba particularmente dirigida a los de Castilla y León, donde el volumen de créditos pendientes de pago ascienden -al cierre del primer semestre de 2018- a 44.463 millones de euros, el 7,5% menos que un año antes. Para encontrar una cifra menor hay que remontarse casi catorce años atrás, a diciembre de 2004.

La recuperación de la economía autonómica, sustentada en los últimos tiempos en el dinamismo de la demanda interna en general y el consumo de los hogares en particular, no se está traduciendo en más compras a plazos, o al menos en un incremento del nivel de deuda de los sectores residentes. Mientras en la región el crédito está el 7,5% por debajo del dato de hace un año y es el 0,3% inferior al del primer trimestre del presente ejercicio, en el conjunto de España se produce un descenso anual del 3,3%, la mitad, y un repunte en la comparación trimestral del 0,4%.

De modo que en Castilla y León, las nuevas operaciones de crédito no llegan ni de lejos a compensar los importes de aquellos préstamos que llegan a la fecha de vencimiento y no se renuevan. La gráfica que dibujan la evolución de los créditos en la región en lo que va de siglo XXI es de lo más sinuosa. Partiendo de 21.000 millones, en los cuatro primeros años escaló a casi 42.000, mientras que en los cuatro siguientes creció aún más, hasta establecer en diciembre de 2008, con la burbuja inmobiliaria recién pinchada, un techo de 77,27 millones de euros.

A partir de ahí comenzó la cuesta abajo, que al principio fue una suave pendiente y poco a poco se convirtió en un desnivel casi vertical. En 2012, el saldo crediticio había caído a 64,8 millones y otros cuatro años después, a 47,5 millones. En realidad, desde la 'cumbre' de 77,2 millones, todos los años (nueve) se han producido descensos, mientras que de los 38 trimestres transcurridos se han dado bajadas en 32.

En algún momento del verano de 2012, quizá mientras España goleaba a Italia en la final de la Eurocopa en Kiev, mientras Lydia Valentín quedaba cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres por detrás de tres atletas dopadas o a la vez que Rajoy subía el IVA y recortaba el sueldo a los funcionarios, la línea descendente de los créditos se cruzó con la ascendente de los depósitos.

Y es que los depósitos que los castellanos y leoneses tienen a plazo o en cuentas a la vista no se encuentran en su récord histórico, pero casi. En concreto, el techo lo tocaron en diciembre de 2017, cuando alcanzaron los 66.560 millones de euros. En marzo de este año habían caído exactamente mil millones, mientras que tres meses después, al cierre de junio, se situaban en 66.083,3 millones, el 1,03% más que en la misma fecha del año anterior y el 0,8% por encima del dato de tres meses atrás.

En realidad, el dinero depositado por administraciones, particulares y otros residentes en Castilla y León no ha experimentado grandes variaciones desde que en septiembre de 2008 superó los 60.000 millones de euros, aunque prácticamente todas han sido al alza. En 2012 superaba los 63.000 millones, cuatro años después los 64.500 y en tiempos más recientes, los 66.000.

Esta tendencia a la baja de los créditos, unida al recorrido al alza de los depósitos, ha provocado que la actividad más típica o habitual de la banca, captar dinero de sus clientes para luego prestárselo a otros clientes, arroje unos resultados que nunca se habían producido antes de la crisis, en concreto antes de 2012. En la actualidad, la ratio inversora (el porcentaje de créditos concedidos sobre el total de depósitos) del sector bancario en la comunidad está, literalmente, en mínimos.

Nunca antes había habido una brecha de 21.620 millones entre créditos y depósitos. Tan es así, que esa ratio del 67,28% es la segunda más baja de todas las comunidades autónomas, con la excepción de Galicia (65%). Mientras tanto, la media del conjunto de España es de 101,2% y hay algunas autonomías, como es el caso de Murcia o de Cataluña, donde supera el 130%.

Quizá la explicación de por qué el Banco de España está preocupado por la posibilidad de un rebrote en el impago de créditos y, por ende, de la morosidad bancaria, y también de por qué los castellanos y leoneses están optando más por la prudencia que la generalidad de los españoles haya que buscarla en el coste que las entidades financieras ponen a sus préstamos.

Con datos del pasado mes de julio, la TAE (tasa media ponderada de todos los plazos) de los créditos al consumo se situaba en España en el 8,58%, frente al 6,22% que se aplica de media en la Eurozona. En los créditos destinados a otros fines a un plazo superior a cinco años, el tipo de interés es del 4,31% en España, por el 2,29% en la Unión Monetaria. Solo las operaciones hipotecarias (2,13% TAE en España y 2,12% en la Zona Euro) están en niveles equiparables.