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El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego para aprobar el proyecto de ley que incluye el recorte a la energía nuclear, hidráulica y eólica más antigua por el 'exceso de beneficios' que perciben estas centrales con los elevados precios ... del CO2.
El objetivo es actuar sobre el precio de la factura eléctrica final ante la elevada cotización de estos derechos de emisión en el mercado comunitario, que es uno de los principales factores del encarecimiento de los recibos de los últimos meses con el actual sistema de fijación de precios.
En concreto, este se basa en subastas diarias en las que el precio de la electricidad se establece por el último cruce en el mercado para cubrir la demanda. El problema es que la producción más barata, como la hidráulica o la nuclear, entra primero en la subasta y si no se cubre la demanda, entra otro tipo de energía más cara, como los ciclos combinados que queman gas para producir electricidad, justo cuando el precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 estaban disparados. Así, nucleares e hidráulicas se benefician de cobrar ese 'sobreprecio' final, más caro que lo que a ellas les cuesta producir.
La firme oposición de las eléctricas a este cambio del sistema por la caída de ingresos que supondría ha obligado al Ejecutivo a introducir algunos cambios sobre el proyecto inicial.
Los cálculos del Ejecutivo apuntan ahora a que el impacto de la medida será de 625 millones de euros en la parte regulada del sistema, que implicará, según ha detallado la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, una reducción media del 2,5% en el recibo eléctrico de hogares y pymes. En el primer proyecto, el Gobierno manejaba un impacto de 1.000 millones de euros.
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también vicepresidenta tercera explicó que el proyecto recoge un umbral mínimo de 20 euros en el precio del CO2, a partir del cual se activaría la minoración. Aunque la cifra supone una amplia brecha sobre el precio actual, que ronda los 50 euros, Ribera ha insistido en que «así aseguramos la rentabilidad de las plantas y su viabilidad».
Para compensar en cierto modo al sector, otro de los cambios introducidos en el proyecto es que las plantas que no emitan CO2 quedarán exentas de la medida desde 2003, y no desde 2005 como se había planteado inicialmente. Ribera ha querido, no obstante, mandar un contundente mensaje a las eléctricas. «No es momento para maximizar beneficios», ha indicado durante su intervención ante los medios, recordando que ahora la prioridad «es aliviar el bolsillo del consumidor», en un momento de facturas disparadas.
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