El Congreso avala la primera reforma de pensiones una década después de la del PP

Se trata del primer paquete de cambios acordado por el Ejecutivo y los agentes sociales, aunque en el caso de las cotizaciones, la patronal se salió del pacto al rechazar un alza en estos momentos de recuperación tras la pandemia. La Cámara Baja ha derogado algunos elementos centrales de la reforma del PP de 2013, como el del factor de sostenibilidad, que nunca llego a ponerse en marcha, o el índice de revalorización mínimo del 0,25% si las cuentas de la Seguridad Social sufrían tensiones deficitarias.

El proyecto de ley ha sido aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Compromis, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC. El PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el BNG han votado en contra, mientras que EH-Bildu se ha abstenido.

Al concluir la votación, la última tras más de nueve horas de Pleno, la bancada del PSOE y Unidas Podemos se han levantado a aplaudir y antes de abandonar el Hemiciclo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha acudido a votar junto a varias de sus ministras, se ha acercado a su ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para darle la mano y felicitarle. A partir de ahora, la reforma pasa a tramitarse en el Senado, donde deberá completar su tramitación y, en caso de sufrir variaciones, estos cambios deberán volver a ser votados de nuevo en el Congreso, que tiene la última palabra.

Escrivá ha defendido que esta reforma «nace desde el consenso y a través del consenso», a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas hace justo un año, «ambiciosas y minuciosas», y por ello ha justificado abordar la reforma «en varias fases». El ministro ha subrayado que estos cambios traen «certidumbre y seguridad a los pensionistas de ahora futuros», con un nuevo «marco estable» y con «ambición de permanencia», en el que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y se reestablece, ha dicho, la transparencia en las cuentas del sistema.

Durante el debate en el Pleno, Escrivá ha afirmado que el déficit de la Seguridad Social acabará el año «con toda seguridad» en unos 13.700 millones de euros, el equivalente al 1,1% del PIB, frente a los 14.300 millones presupuestados inicialmente. El ministro ha destacado que se va a conseguir situar el déficit por debajo de lo presupuestado incluso a pesar de la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación de los precios respecto a la subida experimentada por las pensiones en 2021 (0,9% frente a un IPC del 2,5% en noviembre).

En cualquier caso, queda pendiente el desarrollo de los planes de pensiones de empresa, la reforma del régimen de autónomos y el desarrollo también de la Agencia de Seguridad Social, tareas para las que ha tendido la mano a los grupos que han apoyado la primera parte, pero también a los que no lo han hecho.

Para compensar la derogación del factor de sostenibilidad, que recortaba la cuantía inicial de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida, la reforma contempla aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la 'hucha' de las pensiones y enfrentar la jubilación de los 'baby boomers'.

Sin ese mecanismo, la reforma llegó a las Cortes el pasado verano de la mano del acuerdo alcanzado en julio por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los sindicatos y las patronales del diálogo social, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo. Unas recomendaciones, además, aprobadas hace justo un año, en noviembre de 2021, con amplio consenso en el Congreso.

Además de la derogación de los elementos centrales de la reforma del PP, también contempla una batería incentivos y penalizaciones dirigida a retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y consagra por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Para ello, establece que cada año las cuentas contemplarán una transferencia para la financiación de beneficios y exenciones en cotizaciones, complementos y prestaciones de carácter social, identificados como gastos asumidos de forma impropia en el sistema.

Otros cambios incorporados es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, a instancias de Más País-Equo, y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros.

La mejora de las pensiones de las personas con largas carreras de cotización cuya jubilación precipitó la anterior crisis ha sido una reclamación constante de los colectivos de pensionistas, tanto durante las negociaciones para el nuevo Pacto de Toledo como en la reforma.

Otra de las cuestiones pendientes de la reforma, y una de las demandas de los socios del Gobierno, es la mejora de las pensiones mínimas, una tarea que la propia reforma reconoce como tarea pendiente al mandatar al Gobierno a abordar una revisión de los criterios para determinar sus cuantías con el fin de garantizar su suficiencia.

Así, según la enmienda aprobada por el Congreso en la reforma, el Gobierno impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de estas pensiones teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.